El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha incrementado en un 30% la pensión por incapacidad total de uno de los 28 empleados que resultaron afectados por el brote de brucelosis registrado en Mercazaragoza entre diciembre de 1998 y 1999. Paralelamente, una sentencia de un juzgado de lo Social establece que el mismo empleado, Cristian Urcola, debe recibir 36.000 euros, además de la indemnización por idéntica cantidad que ya cobró.
En las citadas fechas se detectó un brote de brucelosis en el matadero, que afectó a 28 de los 150 empleados de plantilla, los que tenían más contacto con el sacrificio de reses. La enfermedad les produjo diversas afecciones --como fibromialgia, osteoporosis y problemas en articulaciones y en diversos órganos-- y fueron jubilados anticipadamente por incapacidad laboral, con una pensión del 55% del salario cotizado.
Asimismo, recibieron la indemnización de 36.000 euros establecida en convenio. Los afectados recurrieron estas medidas y los tribunales empiezan ahora a darles la razón.
Los demandantes apoyaron sus peticiones en un informe del Instituto de Salud Carlos III, solicitado por la DGA y en el que se establece que las medidas de protección de que disponían los trabajadores eran "insuficientes" para protegerles de un contagio de brucelosis "y no siempre se utilizaban para tareas de limpieza al final de la jornada".
Además, el informe destaca la falta de idoneidad de las instalaciones donde se despiezaban las reses, "con ventilación natural y sin control de las corrientes, lo que facilita la difusión de aerosoles".
En opinión del tribunal, hubo un "incumplimiento empresarial de la obligación de proporcionar medidas de protección adecuadas contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos". Las medidas existentes, con material no homologado, fueron "ineficaces".
Esta situación facilitó el contagio, "lo que obliga a concluir la existencia de un nexo de causalidad entre este incumplimiento empresarial y la situación de incapacidad permanente total" del afectado. El tribunal atiende los argumentos planteados por la abogada del demandante, Sofía Bernardo, y fija un incremento del 30 % en su pensión.
Paralelamente, el empleado presentó una reclamación sobre la cuantía de la indemnización ante el Juzgado número seis de Zaragoza, por entender que Mercazaragoza "incumplió por negligencia su deber de protección eficaz en materia de seguridad e higiene".
La sentencia también se apoya en el informe del Instituto Carlos III. Según el juez, si los medios de protección hubieran reunido requisitos de homologación "se hubiera evitado el contagio". A su juicio, se infringieron "normas reglamentarias".
En la sentencia se tiene en cuenta la conexión entre estas infracciones y la adquisición del contagio, así como la edad del demandante, cerca de 40 años, para establecer que la indemnización inicial debe de complementarse con otros 36.000 euros.
