El caso de los bienes de Sijena da otra vuelta de tuerca. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Huesca dictó ayer una providencia en la que solicita que se deduzca testimonio a los órganos judiciales de Barcelona por si existiera delito en la forma de proceder de la secretaria general de la Generalitat, Dolors Portús.

Este alto cargo del Gobierno catalán nombró abogado defensor del exconsejero de Cultura Santi Vila a un letrado del Servicio Jurídico de la Generalitat, de carácter gratuito, acto que, según el abogado de Villanueva de Sijena, Jorge F. Español, y el fiscal, podría constituir un delito de prevaricación administrativa.

«La secretaria general no tenía competencia para realizar ese nombramiento de abogado gratuito», subrayó ayer Español, que aseguró que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Huesca había actuado a iniciativa de las partes acusadoras.

Para el letrado de Villanueva de Sijena, una medida de esa entidad solo podía autorizarla el presidente de la Generalitat, en tanto que es una autoridad superior al consejero de Cultura.

«En ese momento, cuando la señora Portús hizo el nombramiento, el cargo de presidente de la Generalitat lo ejercía provisionalmente la vicepresidenta del Gobierno de España, en virtud del artículo 155 de la Constitución», explicó ayer Jorge F. Español.

El letrado recordó que, a raíz de un recurso que él presentó en nombre del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, acordó revocar el nombramiento del abogado para Santi Vila «al no ser jurídicamente posible de ningún modo ni manera». De hecho, precisó, el exconsejero de Cultura ha tenido que buscarse un abogado privado «de pago».

Español adelantó ayer que el ayuntamiento monegrino se personará en breve en los juzgados de instrucción de Barcelona para realizar el seguimiento de la deducción de testimonio, que puede implicar la apertura de una nueva causa o la extensión de la existente.

Por otro lado, Villanueva de Sijena también recurrirá que se pueda tomar declaración al exconsejero Lluís Puig por videoconferencia, por entender que eso no se justifica debido a que se halla libre en Bélgica y no se está sometido a las medidas cautelares que adoptó el juez belga para que no saliera del país sin su consentimiento.

Sin embargo, el juez belga rechazó la solicitud del Tribunal Supremo español de extraditarlo a España.