Federico Trillo no parece dispuesto a dejar de ser embajador en Londres con una (nueva) mancha en su hoja de servicio. El exministro de Defensa salió este jueves de su mutismo para asegurar que si deja de ser el jefe de la diplomacia española en el Reino Unido es porque él mismo lo solicitó con el fin de reincorporarse al Consejo de Estado, justamente el mismo órgano que aprobó por unanimidad un informe que le señala como responsable de la tragedia del Yak-42.
Desde Cartagena, Trillo desvinculó de la polémica el fin de su carrera diplomática. «Yo pedí dejarlo hace tiempo», aclaró, y dijo tener «las maletas hechas desde el 20-D». Según adujo, si hasta ahora no se había producido el cambio era por la interinidad del Gobierno. Ante los que le piden que asuma su parte de culpa, señaló que las responsabilidades políticas ya las han dirimido los electores en las urnas, además de que «ya se determinaron en su día y se debió a un error humano».
ES LETRADO
Trillo es miembro del cuerpo de letrados del Consejo de Estado desde 1979, cuando ingresó a través de una oposición, aunque está en situación de servicios especiales desde 1989, momento en el que empezó a desarrollar su carrera política. En este mismo órgano también es letrada su hija, María José Trillo, ahora en excedencia.
Aunque el Ejecutivo ha confirmado que Trillo será relevado como embajador en el marco de la rotación ordinaria de 70 cargos diplomáticos, la oposición y la familias de las víctimas se niegan a que su marcha quede parapetada. Exigen que Mariano Rajoy le destituya. PSOE, Podemos y Ciudadanos volvieron a pedir que el asunto no se cierre con un relevo protocolario y exigieron al presidente que le fulmine de inmediato, máxime cuando el exministro sugirió que las familias están buscando indemnizaciones.
GRITO
Los familiares pusieron el grito en el cielo y depositaron todas sus esperanzas en la reunión que mantendrán el próximo martes con la titular de Defensa. Hay un plano emocional y otro jurídico que anhelan resolver en ese encuentro. Cuando María Dolores de Cospedal les reciba esperan dos actitudes que, aseguran, pueden cambiar el calvario que han vivido hasta ahora. Un abrazo como sinónimo de disculpa y el compromiso de hacerles llegar el contrato de compra que el ministerio firmó para que el avión ucraniano transportase a los militares españoles que volvían a casa después de sus misiones de paz en Afganistán. Aunque llevan casi 14 años reclamando ese documento, nunca se les ha entregado. Ahora, gracias la actitud distinta que creen intuir en Cospedal, confían en tener ese contrato para poder reabrir la causa en la Audiencia Nacional. En febrero de 2012 el juez Fernando Grande-Marlaska dio carpetazo al proceso sobre presuntas irregularidades en la contratación del Yakolev, a pesar de que el fiscal advertía de que la cúpula militar había cometido una «imprudencia grave» y «absoluta falta de diligencia, pese a conocer las enormes deficiencias e irregularidades que caracterizaban este tipo de vuelos». El tribunal concluyó que el accidente se debió a la escasa experiencia de la tripulación y que el daño no pudo «ser evitado».
Las familias explicaron ayer que en este tiempo solo han conseguido una copia de algunas páginas del contrato, pero está incompleto y tiene el importe tachado. «No puede ser que en pleno siglo XXI los originales del contrato no existan o hayan desaparecido», protestó la portavoz de la asociación, Curra Ripollés.
Hasta ahora, Defensa siempre ha mantenido que no dispone de ese contrato. Si Cospedal les confirma que es así, le pedirán que encargue la búsqueda del documento o que promueva una investigación internacional que esclarezca las circunstancias de la contratación del avión.
Según lo que se recogía en el detallado análisis del Consejo de Estado, el acuerdo de ventas entre la Namsa (el organismo logístico de la OTAN) y la contratista original del vuelo, Chapman Freeborn, tuvo un importe de 149.000 dólares, mientras que la ucraniana UM Air, que acabó siendo la operadora del vuelo tras sucesivas subcontrataciones, apenas percibió 38.500. Se conocen estos sucesivos encargos, que además eran legales (aunque a raíz del accidente se cambió el sistema en las Fuerzas Armadas), pero ni el propio Consejo de Estado recibió toda la información que solicitó al respecto del Ministerio de Defensa. Está por ver si en efecto, con Cospedal al frente, la transmisión de documentos es más fluida.
Las familias llevan años reclamando el contrato de este vuelo y otra cuarentena de los de la época. Del mismo modo que tenían conocimiento de una quincena de informes que alertaban del «alto riesgo» de contratar aviones de exrepúblicas soviéticas para el transporte de tropas, por su mantenimiento dudoso. El consejo solo aludía a uno, pero aún así señalaba que habría que haber investigado si la impresión era cierta.
Respecto a Trillo, ayer el presidente de la DGA, Javier Lambán, opinó que el Gobierno debió destituirlo de forma «fulminante» en cuanto trascendió el informe del Consejo de Estado.
