La térmica de Andorra ya es historia. La central de carbón se desconectó ayer del sistema eléctrico nacional tras más de 41 años de actividad, desde que en marzo de 1979 se puso en marcha el primero de los tres grupos de generación con que contaba. El día de la despedida fue triste y amargo para la villa minera, su comarca y toda la provincia de Teruel, que pierden el último gran activo de una industria minero-eléctrica que lo ha sido todo para la economía y el empleo de este territorio en más de medio siglo. También fue una jornada de indignación y reivindicación ante la falta de alternativas laborales para la zona, que abre una nueva era con grandes incertidumbres y el temor a que se acelere el proceso de despoblación que ya viene sufriendo.
Más de 200 personas se concentraron ayer a las puertas de la planta para expresar ese malestar en un acto de protesta que estuvo cargado de emociones. A más de uno se le saltaron las lágrimas de los ojos al escuchar la jota de despedida que se cantó. Tampoco faltó el estruendo de una traca, cruces y un ataúd para simbolizar la dolorosa muerte del complejo termoeléctrico.
LÍO DE LAS SUBCONTRATAS
«Nuestra responsabilidad y nuestra obligación es luchar por un futuro mejor para nuestros pueblos y sus gentes, exigir que no se engañe y manipule más a la población», señaló el manifiesto leído por dos hijas de empleados de las subcontratas, Laura Villén y Rebeca Mora. «No nos vamos a dejar deslumbrar por el brillo de promesas insuficientes», agregó.
«Tenemos todos un sentimiento muy triste después de tantos tiempos trabajando aquí», aseguró Pedro Miñana, portavoz de la plataforma de trabajadores de subcontratas de la térmica. En su caso lleva 18 años en la central y otros 15 estuvo en las minas. Él es uno de los 47 trabajadores de Maessa -perteneciente a ACS y encargada del mantenimiento industrial de la planta- que ayer firmaron el finiquito de despido.
El sentimiento de desconfianza y hartazgo es generalizado entre los 200 empleados de las subcontratas que han quedado sin trabajo en el último año o perderán en los próximos meses —algunos continuarán en sus puestos al menos hasta agosto o septiembre, como los de Nervión—. Se trata del colectivo más desprotegido del fin del carbón, ya que el personal propio de Endesa (124 personas) tiene garantizado su futuro con prejubiliaciones o recolocaciones, al igual que ha ocurrido con la mayoría de los trabajadores que había en las minas cerradas hace un año y medio.
«No tenemos ninguna garantía de contratación en el desmantelamiento», se lamentan desde este colectivo, que se muestra muy crítico con los cursos impulsados por Endesa para acceder a un empleo en los trabajos de desmontaje, ya que aseguran tener ya la formación certificada en la mayoría de las materias que se imparten, como prevención de riesgo, uso de carretilla o trabajos en altura. Reclamaron por ello que se les convaliden parte de estos cursillos y «no nos hagan perder tres meses», señalaron, al tiempo que dudaron que estos requisitos se les vayan a exigir a los trabajadores que vengan de fuera.
DESMANTELAMIENTO CON INTERROGANTES
«Tristeza e impotencia» es lo que siente Alejo Galve, secretario de UGT Teruel, ante el cierre de la central. «Queremos que los trabajadores de las empresas auxiliares que van a hacer los cursos de formación tengan garantías de contratación y, a nivel político, que todos esos anuncios que se han hecho de que había muchos proyectos interesados e iban a venir empresas se conviertan en una realidad», aseveró.
El secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, criticó que a pesar de conocerse desde hace tiempo el final del carbón, no se estuviera preparado para afrontar este trance. «No tenemos una salida para las personas que van a perder el empleo», recalcó. «El día de hoy -por ayer- se está viviendo con tristeza, rabia y mucha indignación, porque se nos cierra el pulmón económico del pueblo, de la comarca y de media provincia de Teruel», lamentó el presidente del comité de la térmica, Hilario Mombiela. «Después de mucho reivindicar, no ha llegado la transición justa que tanto prometieron», agregó.
Lo cierto este que el adiós definitivo al carbón llega en el peor momento. A los problemas arrastrados para dar una alternativa a este monocultivo económico, se han sumado los efectos negativos de la crisis del coronavirus, que está retrasando la puesta en marcha de inversiones y del desmantelamiento de la central, que supone el mayor salvavidas con que cuenta la zona para digerir este mal trago en el corto plazo.
Poco se sabe sobre estos trabajos de desmontaje, que se prolongarán entre cuatro y seis años y requerirán abundante mano de obra (de 130 a 200 empleos). Endesa sigue sin dar detalles sobre este proceso a la espera de recibir la autorización de cierre, que según fuentes del Ministerio de Transición Ecológica llegará «en los próximo días».
Y tras el verano se prevé que vea la luz por fin el dmorado convenio de transición justa que impulsa este mismo ministerio, del que depende que la reactivación de Andorra se haga realidad. A ello ayudarán las inversiones de Samca, la antigua empresa minera que última la puesta en marcha de una fábrica de fertilizantes en Ariño y ha reabierto una planta cerámica de Alcorisa.
