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EL CONFLICTO DEL ARTE SACRO

El TSJA abre diligencias contra los dos ex consejeros de Cultura de Cataluña por el conflicto de Sijena

Se investigará si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un posible delito de desobediencia y/o delito de prevaricación administrativa. Descarta, sin embargo, continuar la investigación judicial por un posible delito de apropiación indebida

 

Los ex consejeros Santi Vila y Lluís Puig. - ALBERT BERTRAN

EFE
31/01/2018

La titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Huesca ha decidido reabrir la causa penal solicitada contra los exconsellers de Cultura de la Generalitat Santi Vila y Lluis Puig por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por negarse a facilitar el retorno de los bienes del Monasterio de Sijena depositados en el Museo de Lérida.

En un auto hecho público hoy, la magistrada estima el recurso interpuesto por la representación legal del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, al que se adhirió días atrás la fiscalía de Huesca con un escrito que responsabiliza a los dos exconsellers de no cumplir con los requerimientos judiciales hechos.

La juez argumenta que en 29 de septiembre pasado acordó sobreseer provisionalmente la denuncia penal interpuesta por el consistorio de Sijena al no aportar los documentos "supuestamente acreditativos de los hechos denunciados".

En su auto, valora tanto el informe de la fiscalía de Huesca como el emitido por el fiscal del Tribunal Supremo, al que llegó inicialmente la denuncia al estar ambos políticos catalanes aforados, a la hora de reactivar la causa penal, aunque descarta la posibilidad de imputar a Vila un presunto delito de apropiación indebida.

El letrado de Sijena, Jorge Español, denunció los hechos en el juzgado de guardia de Huesca tras perder ambos exconsellers su condición de aforados, acompañándola de un informe elaborado por la Fiscalía del Tribunal Supremo que veía indicios de la comisión de presuntos delitos en la conducta de ambos.

En el escrito de adhesión al recurso hecho por el fiscal jefe de Huesca, Juan Baratech, se advertía que ambos exconseller incumplieron con "rotundidad" las órdenes judiciales a pesar de los apercibimientos que les fueron comunicados.

Consideraba, además, que las consecuencias de este incumplimiento y de la desobediencia fueron "capitales", ya que la operación requirió un gran despliegue de medios materiales y humanos.

Medios, subrayaba, que la Administración aragonesa y la policía judicial tuvieron que habilitar para "suplir la obstinada voluntad de los investigados y también por el riesgo de alteración de la seguridad y de la pacífica convivencia ciudadana".

El auto que acuerda reabrir la causa pide, antes de ordenar la práctica de diligencias, remitir un escrito al Parlamento de Cataluña para que certifique si Lluis Puig es diputado autonómico tras las últimas elecciones.

Según el letrado de Sijena, Jorge Español, la reciente renuncia de Puig a su escaño hará que el caso se instruya "previsiblemente" en los juzgados de Huesca.

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