El TSJA apoya a los jueces contra la transformación de un juzgado

En la sesión llevada a cabo por el órgano rector de la Justicia en la comunidad aragonesa acordó por unanimidad informar negativamente la propuesta realizada por el Gobierno central.

En la resolución, los magistrados entienden que es necesaria la creación de dos nuevos juzgados de primera instancia en Zaragoza, tal y como estaba previsto en el proyecto de real decreto y como se establecía en los informes elaborados por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y por el Consejo General del Poder Judicial.

Consideran que la transformación de juzgados de distintos órdenes jurisdiccionales (transformar un juzgado penal -instrucción- en otro civil -primera instancia-) no es la mejor solución en la situación actual y que con ello lo único que se consigue es trasladar el problema a otras jurisdicciones.

Sobre las razones que justifican el informe negativo, la Sala de Gobierno explica que son las mismas que se encuentran en los informes elaborados por las juntas de jueces celebradas el martes, razones «que la Sala de Gobierno asume como propias».

Estas señalaron que el criterio que debe regir la creación de órganos judiciales no puede ser la entrada de asuntos, dado que aquellos en los que no se ha podido determinar la autoría no llegan a los juzgados.

LITIGIOSIDAD

Cuando sí lo hacían, explicaron, no suponían una gran cantidad de trabajo, dado que lo más frecuente era que se archivaran. Por este motivo, arguyeron que la supuesta reducción de trabajo no se ha producido realmente.

Y, al mismo tiempo, adujeron, la litigiosidad de Zaragoza y su provincia es igual o superior a la de otras ciudades, por lo que el cambio carecería de razón de ser.

En el fondo del problema subyace una cuestión de disponibilidad de recursos económicos para acometer las reformas necesarias, que no se ponen en duda, pero sí la forma de llevarlas a cabo.

La Diputación General de Aragón es, en último término, la que debe sufragar el coste de estas modificaciones. En este sentido, fuentes de la Dirección General de Justicia argumentaron que existe una cantidad limitada de fondos para llevar a cabo los cambios.

Para apuntalar su argumento, señalaron que los juzgados de instrucción desarrollan un volumen de trabajo del orden del 40%, mientras que los de primera instancia se sitúan, según sus estadísticas, que no comparten enteramente las juntas de jueces, al 160%, e incluso al 200%, de su capacidad.

Menor resistencia ha ofrecido la creación de una plaza de magistrado para la Sección Sexta de la Audiencia, dado que esta la costea el Estado. Se trata de equiparar este órgano judicial con el resto de cuantos ejercen en la estructura provincial, que cuentan sin excepción con cuatro magistrados cada uno.

Además, la supresión de un juzgado de instrucción para traer otro de primera instancia tampoco ha sido bien recibida por los sindicatos ni por distintas asociaciones judiciales.