La Universidad de Zaragoza se excedió al aplicar la reforma laboral a un grupo de empleados. Y tanto el Juzgado de lo Social número 4 de la capital aragonesa como la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) han declarado "injustificada" esa medida y le han condenado a indemnizar a los afectados, por daños y perjuicios, con "los salarios dejados de obtener desde la efectividad de la medida hasta la reposición de la actora en sus anteriores condiciones de trabajo".

Los 19 empleados de Universa, un servicio creado en 1995 para trabajar en la inserción laboral de los licenciados y en la búsqueda de puestos de prácticas, recibieron el 30 de abril del año pasado una carta en la que el rector, Manuel López, y la gerente, Isabel Luengo, les comunicaban que entre el 20 de mayo y el 31 de diciembre su jornada quedaba reducida en un 20% "con la consiguiente disminución de las retribuciones". Esa reducción de 37,5 a 30 horas incluía, además de una rebaja salarial proporcional, la supresión --salvo en dos puestos-- de las jornadas de mañana y de tarde y de sus respectivos complementos.

La universidad alegó problemas presupuestarios para tomar esa medida: la DGA no abonó en el 2012 los 1,25 millones que habitualmente aportaba para financiar el funcionamiento de Universa y el campus tenía ya comprometida esa cantidad, por lo que los fondos disponibles de la aportación autonómica de 1,4 millones prevista para el 2013 quedaba reducida a 150.000.

UNILATERAL Las cartas recordaban a los empleados que, al tratarse de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, podían optar por el autodespido con las condiciones que marca la reforma laboral: 20 días por año trabajado con un tope de nueve mensualidades.

Los tribunales, sin embargo, ha declarado esa reducción de la jornada y el salario como injustificada, ya que no se daban las condiciones para aplicarla y, además, la universidad la aplicó de manera unilateral y sin la tramitación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Las dos sentencias, por otro lado, declaran probado un hecho que no casa con el contenido de la carta: la aportación de la DGA para el 2012 "sería de cero euros, pese a estar ya comprometida, y la del 2013: 1.250.674. En el presupuesto de la comunidad autónoma de Aragón consta destinada a esta partida una suma de 1.403.112 euros".

La universidad alegó que se trataba de un conflicto colectivo para recurrir ante el TSJA, que rechazó ese argumento.