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POLÉMICA EDUCATIVA JUDICIALIZADA

El TSJA da la razón a los padres del Ánfora casi cuatro años después

El fallo no tiene efecto práctico ya que el centro concertado abrió cautelarmente. El tribunal cree que la DGA vulneró el derecho a la educación al poner trabas

 

El colegio Ánfora de Cuarte el día de su inauguración, en septiembre del 2015. - CHUS MARCHADOR

F. MANTECÓN
04/05/2019

La Justicia ha dado la razón a los padres del colegio Ánfora de Cuarte de Huerva sobre que el Gobierno de Aragón actuó de forma «arbitraria e injustificada» al poner trabas a la apertura del centro y su concertación, y con ello vulneró «el derecho fundamental a la educación». Así lo ha decretado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), tres años y ocho meses después del definitivo recurso ahora resuelto. El fallo no tiene efecto práctico alguno, porque el propio TSJA permitió al centro funcionar con normalidad, desde el principio, con medidas cautelares.

Según recuerda la sentencia, firmada como ponente por la magistrada Isabel Zarzuela Ballester, la secuencia de hechos (la estrictamente judicial) comenzó con la «sorpresiva y anómala inspección» que la DGA efectuó en el centro, el 17 de agosto del 2015, a la que acudieron no solo técnicos habituales, sino arquitectos de alto rango e incluso el secretario general técnico. Observaron una serie de deficiencias y denegaron la licencia de apertura.

INSPECCIÓN

Sin embargo, una posterior inspección del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva constató que, en efecto, había aspectos sin rematar (separación de zonas, equipamiento de las aulas, etc.), pero ni afectaban a «la seguridad» de los alumnos ni era nada que no se pudiese arreglar hasta el 15 de septiembre, cuando estaba proyectada la apertura del centro. Por ello dio su informe favorable, aunque esto no anulase la denegación del Gobierno de Aragón.

Este, de hecho, también anuló a finales del mismo mes de agosto, a través de una resolución de la consejera Mayte Pérez, una modificación de los conciertos educativos que dejó firmada en junio, en el tiempo de descuento del Gobierno PP-PAR, su antecesora Dolores Serrat. La resolución venía a señalar que, si no había licencia de apertura, no había nada que concertar. Pero los padres del centro, por entonces ni siquiera constituídos como AMPA, recurrieron.

El TSJA les dio la razón y decretó como medida cautelar la apertura del centro (la suspensión de la denegación de la DGA, en realidad) y también recuperó el concierto educativo. De hecho, la sentencia ahora anula también los cambios en este convenio que hizo la DGA en noviembre del 2015, por no cumplir el Ánfora el mantenimiento de las aulas concertadas que había pedido.

Según razona el TSJA, los 165 alumnos inicialmente apuntados se perdieron, en gran parte, precisamente por las «circunstancias de inseguridad» creadas por la Administración con estas denegaciones de licencia. Unas trabas que obligaron a los padres a elegir otros centros, «vulnerando su derecho a la elección de centro educativos por las cortapisas sin justificación material». Además de afectar a la libre elección de centro concertado o público de las familias.

En este aspecto, el tribunal descarta algunas de las justificaciones de la Administración, como la falta de disponibilidad presupuestaria para el centro (porque «no es cuestión debatida») o que había plazas públicas suficientes, pues consideran «notorio» que faltaban; de hecho los padres tomaron la iniciativa de construir.

PÚNICA

El caso del colegio Ánfora se tomó como bandera de la guerra de la pública y la concertada por parte de la oposición. También trajo cola porque la cooperativa impulsora del centro tenía la misma sede social que una empresa investigada en la trama Púnica. Pero esto, que podría explicar las puntillosas inspecciones del Ejecutivo aragonés (aunque esto nunca ha sido admitido), no tuvo consecuencias al ser archivadas en los tribunales las denuncias interpuestas.

Así las cosas, el director general de Planificación Educativa y Formación Profesional de la DGA, Ricardo Almalé, mostró ayer el «máximo respeto» por la resolución judicial, que recordó que no tiene efectos prácticos porque el centro ha funcionado desde su inicio como concertado. Lo máximo que pagará la DGA por el litigio serán 1.500 euros en costas. Además, recordó que la DGA ha invertido 15 millones de euros entre el colegio público de Cuarte y el próximo instituto.

   
3 Comentarios
03

Por Hace frio 19:18 - 04.05.2019

El Sr. Lambán y el Sr. Echenique, no tengo palabras para decir las personas que son. Intentaron cerrar el colegio, solamente por su ideología política, que tiene que ser todo público. ¿Cómo puede un presidente de una comunidad autónoma intentar machacar a una comunidad educativa?. Y luego les seguirán votando.

02

Por joaquin til ain 10:13 - 04.05.2019

No por tener cargo político, a veces, se deja de ser tonto o zamandungo. Alguien debería dimitir, si es que aún tiene cargo, y quedar inhabilitado para tenerlo.

01

Por Perryyyyyy 9:15 - 04.05.2019

"arbitraria e injustificada" ¿los funcionarios trabajando de manera arbitraria e injustificada? No me lo puedo creer... (léase la ironía) Lo más lamentable de este caso es que a los funcionarios de la administración pública estas cosas les sale gratis. Hasta que no paguen con su bolsillo ( y responsabilidad penal) por sus tropelías igual que hace el administrador de una empresa todo eso seguirá ocurriendo.