La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) deberá pronunciarse sobre la legalidad de las intervenciones telefónicas de la operación Molinos.
La abogada defensora del exconcejal zaragozano Antonio Becerril, la penalista Cristina Ruiz-Galbe, ha recurrido el auto por el que el magistrado que en marzo presidirá el juicio con jurado al exedil y dos empresarios --Carmelo Aured y José Antonio Tejero-- desestimó la petición de nulidad que planteó la letrada.
El TSJA debería pronunciarse antes de que, el próximo 17 de marzo, comience la vista oral, para cuya celebración la Audiencia ha reservado tres semanas.
La impugnación afecta a las grabaciones que el juez de La Almunia desgajó de la causa principal de La Muela y remitió a los juzgados de Zaragoza. En ellas, Becerril y Aured hablaban de contratas municipales en las que estaban interesados algunos empresarios amigos del segundo que, finalmente, no lograron ninguna adjudicación.
La abogada sostiene que las intervenciones carecieron de control judicial, que su contenido no fue cotejado antes de desgajarlas y que el juez tardó un año en abrir la pieza separada.
