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EDUCACIÓN

El TSJA estima que la DGA vulneró derechos al denegar abrir un colegio en Cuarte

La sentencia del TSJA estima el recurso contencioso de los padres y anula los decretos dictados entre agosto y noviembre de 2015 desde el Departamento de Educación del Ejecutivo regional

 

La resolución, que condena al Gobierno aragonés a hacer frente a las costas de la causa hasta un máximo de 1.500 euros, ha sido valorada por el director general de Planificación de Educación en Aragón. - CHUS MARCHADOR / ARCHIVO

EFE
03/05/2019

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) considera que el Gobierno aragonés vulneró los derechos constitucionales de un colectivo de padres de alumnos de Cuarte de Huerva (Zaragoza) al denegar de forma "arbitraria" la apertura del colegio privado "Internacional Ánfora".

La sentencia del TSJA estima el recurso contencioso de los padres y anula los decretos dictados entre agosto y noviembre de 2015 desde el Departamento de Educación del Ejecutivo regional que rechazaron la apertura del centro y suspendieron la autorización inicial para la formalización de un concierto educativo.

Casi cuatro años después de iniciarse el conflicto, el tribunal aragonés considera "arbitraria por injustificada" la actuación de la administración en relación a un colegio promovido por una cooperativa de padres de Cuarte de Huerva ante el enorme crecimiento de la población infantil y la carencia de centros escolares.

Los magistrados valoran como "sorpresiva y anómala" la inspección realizada el 17 de agosto de 2015 por responsables técnicos a las obras del centro, y la llevada a cabo un día después para verificar si se habían subsanado las supuestas deficiencias detectadas la jornada anterior.

Dos días después, el 20 de agosto de ese mismo año, la Dirección General de Planificación del Departamento de Educación denegó la apertura del centro, y unas jornadas más tarde, el 31 de ese mismo mes, la consejera del ramo, Mayte Pérez, suspendió el expediente de concierto educativo ante la imposibilidad de ejecutarlo en un colegio sin permiso de apertura.

Señala la sentencia que esta situación obligó a algunos padres a acudir a otros centros de los ofrecidos por la administración, "vulnerando su derecho a la elección de centro educativo por las cortapisas sin justificación establecidas para la apertura del centro".

Tras insistir que la decisión del Gobierno aragonés supuso una vulneración del "derecho fundamental a la educación" su vertiente de facilitar la libre elección de un centro, el tribunal aprecia que las referencias hechas por la administración en su defensa no desvirtúan la demanda "porque no es la cuestión debatida".

Para motivar su decisión, el Gobierno aragonés alegó motivos de disponibilidad presupuestaria y de existencia de centros públicos y privados concertados en la zona, que los magistrados descartan al entender que "es un hecho notorio la oferta escolar deficitaria en la zona afectada, Cuarte y todo el corredor del Huerva".

Concluye el tribunal que la suspensión del concierto educativo se deriva de "haberse denegado improcedentemente la autorización administrativa de apertura del centro, vulnerando las resoluciones impugnadas los derechos constitucionales de los padres a la elección del centro".

La resolución, que condena al Gobierno aragonés a hacer frente a las costas de la causa hasta un máximo de 1.500 euros, ha sido valorada por el director general de Planificación de Educación en Aragón, Ricardo Almalé, quien ha recordado que el centro de Cuarte funciona desde el curso 2015-2016 a través de las medidas cautelares acordadas mediante conciertos educativos de carácter anual.

Tras expresar su respeto a las decisiones judiciales, ha destacado el compromiso adquirido por el Gobierno aragonés con la educación en Cuarte mediante la construcción de un colegio público de tres vías en el que se han invertido 7 millones de uros, y la próxima ejecución de un instituto presupuestado en otros 8 millones.

Por su parte, la portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, ha manifestado, tras conocer la sentencia, que "lo decente, en estos casos, es que dimitan los responsables políticos de esa vulneración de derechos".

Así, ha reclamado las dimisiones de la consejera de Educación, Mayte Pérez, de su secretario general en el Departamento, Felipe Faci, y del director general de Planificación educativa, Ricardo Almalé.

A su juicio, las acciones llevadas a cabo contra el Colegio Ánfora "han sido uno de los episodios más vergonzosos en materia de educación que ha vivido Aragón, protagonizado por el sectarismo de un Gobierno del PSOE".

   
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