El diputado autonómico del PAR Manuel Blasco volvió ayer al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para declarar en el marco de la investigación sobre una venta particular de unos suelos en Borja relacionados con su voto a favor de una permuta de terrenos en Zaragoza, en el año 2002. Esta vez no lo hizo solo por el delito fiscal del que ya estaba imputado, sino por dos nuevos: blanqueo de capitales y cohecho.

El magistrado instructor de la Sala Civil y Penal, Javier Seoane, le citó después de recibir un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía en Aragón en el que se señala que los 600.000 euros que le pagaron por unos campos en Borja, en el 2006, serían a cambio de su apoyo a la compra del antiguo colegio privado de San Andrés de Miralbueno, propiedad de los mismos empresarios interesados en estos campos borjanos.

Junto a él, también fueron al despacho del juez el hijo del político, Víctor Blasco, y un empresario relacionado con la empresa inmobiliaria que ambos administraban.

Sin embargo, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, las preguntas del instructor no giraron entorno a las sospechas iniciales, sino sobre la construcción de unos pisos en Borja, en el año 2007, a través de la empresa Arco de San Francisco SL. Concretamente, se le mostraron dos facturas y un pago para que explicase su origen.

Blasco, que estuvo defendido por el penalista Enrique Trebolle, manifestó que todo había sido legal y justificó todos los movimientos, según estas mismas fuentes.

HIJO Su hijo Víctor, que ejercía como administrador solidario de esta sociedad inmobiliaria, se desvinculó totalmente del proyecto. Afirmó que no firmó nada, que su padre le puso en esta firma cuando estaba en el paro, pero que lleva diez años sin saber nada de la actividad de la misma.

Una versión que previamente había sido señalada por el propio Blasco. Las comparecencias ante el magistrado del TSJA rondaron cerca del cuarto de hora.

Padre y vástago están siendo investigados desde el año 2011 cuando la Agencia Tributaria abrió una inspección a Blasco ante la sospecha de que hubiera cometido un delito fiscal al aplicar incorrectamente una desgravación de 113.000 euros en la venta de unos campos a través de la sociedad La Galana de Barbablanca, de la que era administrador único. El Fisco le reclama esa cantidad.

Un indicio de Hacienda que desembocó en una sospecha mucho mayor para el Cuerpo Nacional de Policía, quien destacó que Blasco cobró 600.000 euros de los hermanos Luis y José Agustín Andrés y que posteriormente lo intentó blanquear, presuntamente, con compras de La Galana de Barbablanca.

Una conclusión que rechaza Blasco, quien también señaló en su primera declaración que su voto a favor en la permuta de terrenos en el año 2002 fue insignificante, ya que la operación urbanística fue de 17 posiciones favorables y 14 en contra. Los técnicos que testificaron ante el juez Seoane también señalaron que había informes que respaldaban y valoraban esta opción que finalmente se llevó a cabo.

En aquel momento, la oposición al gobierno de la ciudad formado por PP-PAR se opuso, debido a que entendían que el consistorio podía haber conseguido el terreno gratis.

Actualmente, este solar situado en el barrio zaragozano de Miralbueno, de 15.000 metros cuadrados, está sin uso, a pesar de que pesa sobre el varias hipotecas en diferentes entidades de crédito. Según un peritaje, fue valorado en más de cuatro millones de euros.