La Asociación Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) tiene dos meses para depositar un millón de euros y así evitar la demolición de la factoría Averly. Es la garantía que le ha pedido el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) a este colectivo para hacer efectivas las medidas cautelares que este reclamaba en el constencioso interpuesto contra la decisión de Patrimonio de catalogar solo una parte de la vieja fundición ubicada en el paseo María Agustín de Zaragoza.

Esta es, a día de hoy, la única posibilidad de evitar que las máquinas inicien una demolición que, en circunstancias normales, el Ayuntamiento de Zaragoza debería haber autorizado, como máximo, antes de finales del próximo mes de marzo. Ahora, con los dos meses que le concede el juez a Apudepa, al menos ha permitido que esta asociación obligue a la dueña de los suelos, la constructora Brial, y al área municipal de Urbanismo a esperar a finales de abril para autorizar la demolición.

Al menos el magistrado ha reducido en 3,5 millones de euros la exigencia solicitada por la constructora el pasado 30 de enero, en la que respondía a la petición de medidas cautelares solicitada por Apudepa ocho días antes, no solo oponiéndose sino que, además, reclamando que aportaran como caución un total de 4,5 millones de euros. Un escrito en el que, además, instaba al juez a no suspender la demolición de algunos de estos inmuebles, "por razones de seguridad", porque amenazan ruina.

Precisamente el juez explica que esta decisión le corresponderá al ayuntamiento, no al juez. Este explica en su auto que "aquellos (inmuebles) que se encuentran en situación de ruina técnica, con riesgo para personas y cosas, y no sea posible su conservación, lo que habrá de ser determinado por los servicios técnicos municipales y comunicado a esta sala, y ello sin perjuicio de que de existir peligro inminente, el alcalde deba ordenar las medidas necesarias para evitar daños". En las demás edificaciones, se deberán acometer los trabajos necesarios para su conservación y sufragados por Brial, con el objetivo de que "eviten el progresivo deterioro".

Así justifica la cantidad del millón de euros como aval, para prevenir que empeore su estado mientras, en un juicio que puede durar varios años, se determine si la catalogación actual es la correcta o no. Además, exige la paralización del traslado de bienes muebles del interior de Averly y, en el caso de que ya estén fuera, su "inmovilización".