El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha rechazado el recurso interpuesto por el Colegio de Abogados de Zaragoza para instar la suspensión del decreto del Gobierno aragonés que modifica el reglamento de asistencia de justicia gratuita sobre retribuciones profesionales.
La modificación del reglamento fue recurrida por la organización colegial al entender que el cambio de los gastos de funcionamiento supondría una importante reducción de los ingresos percibidos para el desempeño de la labor encargada.
Advertían, además, los abogados que el sistema de retribución establecido no sólo es "insuficiente" para atender las labores de asesoría y asistencia gratuita en los tribunales sino que podría determinar la "supresión o recorte" de los servicios.
El tribunal asume que la suspensión de la disposición general impugnada supondría un perjuicio "evidente" para los intereses generales de la sociedad, aunque advierte al tiempo que este argumento no determina la "exclusión sin más" de un análisis de la medida solicitada.
Así, el TSJA admite que la anulación del pago de 40,93 euros por expediente tramitado y el establecimiento de un porcentaje sobre la facturación realizada por los abogados conllevaría una disminución de 245.000 euros en los ingresos percibidos por el colegio profesional.
Destaca la sentencia, además, que el Colegio de Abogados de Zaragoza no especifica qué normativa se infringe con la modificación de la baremación, aprobada, según recoge el tribunal de acuerdo con la representación legal del Gobierno aragonés, en otras comunidades autónomas.
Advierten asimismo los magistrados que esta situación se produce en una "difícil coyuntura económica en la que han de atenderse otras necesidades públicas no menos importantes", y descartan que la nueva reglamentación genere una situación "irreversible" al servicio.
