La sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha reconocido el derecho del equipo de waterpolo del Club Helios a recibir del Gobierno aragonés una subvención de promoción del deporte y de la imagen de la Comunidad correspondiente a 2013 que no llegó a percibir en su totalidad.
En mayo de 2014, las consejerías de Presidencia y de Educación y Deporte del Ejecutivo regional dictaron una orden que acordaba la pérdida parcial por parte del club deportivo del derecho a cobro de la cantidad establecida en el convenio al entender que se habían incumplido los términos del acuerdo.
La administración no sólo dejó de pagar 35.812 euros de los 47.750 fijados en el convenio sino que en otra orden resolvió en términos negativos la convocatoria de nuevos convenios de colaboración para la promoción del deporte y de la imagen de Aragón en 2014.
En respuesta a las alegaciones del Gobierno aragonés, los magistrados aseguran que la documentación acredita que se llevaron a cabo las cinco charlas a escolares comprometidas, que se editó un modelo de invitación para colegios y que la imagen de Aragón figuró en las prendas del equipo.
Admite el tribunal que de los tres primeros trimestres no se presentaron memorias acreditativas de la promoción de la imagen de la Comunidad, pero señala al tiempo que no se hizo porque no había comenzado la liga cuando se suscribió el convenio.
Entienden los magistrados que el convenio fue cumplido en su totalidad y que el "incumplimiento" alegado por la administración fue sólo parcial por no acreditar el club la documentación justificativa de la acreditación en los tres primeros trimestres.
Por este incumplimiento parcial, la sala declara la pérdida de 5.000 euros del derecho de cobro del club en relación al convenio de 2013.
La sentencia, que califica de "contraria a derecho" la actuación administrativa, acuerda que la pérdida del derecho a cobro sea sólo de 5.000 euros, y que se reconozca al club su derecho a tomar parte en el convenio de promoción del deporte y de la imagen de Aragón en 2014.
Además, el tribunal condena al Gobierno aragonés a pagar los costes judiciales generados, hasta un máximo de 1.500 euros.
