El sindicato UGT valoró ayer la actitud dialogante del Gobierno socialista en materia de medio ambiente y defendió la reforma de la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN), que incluía la derogación del trasvase del Ebro, así como la aplicación de la Ley de prevención y control integrado de la contaminación (IPPC) y la participación y derechos de los trabajadores en materia ambiental.
Para UGT, la reforma de la Ley del PHN, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se inspira en planteamientos de racionalidad económica y mejora de la calidad de vida y medio ambiente, en línea con las directrices y principios que emanan de la Directiva Marco de Aguas. En este sentido, la central sindical califica de "inviable" el trasvase del Ebro, ya derogado, por "la sobreestimación de los recursos disponibles para efectuar este trasvase y por la infravaloración de los costes del mismo".
No obstante, el sindicato estima que el nuevo Gobierno debe profundizar en la gestión de la demanda y en una eficiente y justa asignación del recurso agua a los distintos usos. Entre las medidas a poner en marcha en materia hidráulica, también propone incrementar el aprovechamiento de las aguas subterráneas; promover la desalación basada en la utilización de energías renovables para evitar emisiones de gases de efecto invernadero; y consolidar un nivel tecnológico que genere empleo tanto en investigación y desarrollo como en la industria. UGT solicita, asimismo, más fondos para elaborar mapas de riesgos, para prevenir inundaciones y recuperar cauces fluviales; reformar en profundidad las Confederaciones Hidrográficas, dotándolas de recursos técnicos y económicos suficientes, y "lograr construir el necesario consenso interterritorial que no obtuvo el anterior PHN".
