La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA) espera que la proposición de ley que va a presentar el PP en el Congreso para regular el cierre de centrales eléctricas sirva para mantener en funcionamiento las centrales térmicas que usan carbón nacional hasta 2050.

El sindicato ha dicho hoy en un comunicado que es necesario que esa proposición de ley, cuya próxima presentación anunció ayer en Zaragoza el ministro de Energía, Álvaro Nadal, "apueste inequívocamente por primar el interés general de todos los españoles por encima del interés económico y empresarial de las compañías eléctricas".

UGT-FICA ha manifestado que todas las fuentes de energía son necesarias para dar estabilidad y seguridad al sistema, incluida la térmica de carbón, cuya fecha límite de cierre ha fijado la Unión Europea (UE) para 2050.

Ha calificado de "claramente sesgados, cuando no engañosos", los argumentos utilizados por las eléctricas en el sentido de que su cierre reducirá las emisiones de CO2 y les piden que inviertan en tecnologías que contribuyan a proteger el medio ambiente y en mejorar la eficiencia de las centrales térmicas mediante su adaptación, desulfurización y desnitrificación.

El Gobierno había preparado con anterioridad un real decreto para regular el cierre de centrales de generación eléctrica, al no obtener apoyos de otros grupos parlamentarios para hacerlo mediante un real decreto-ley.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), entre las diversas objeciones que hizo al proyecto de real decreto, cuestionaba que con una norma de menor rango como esa se fuera a modificar una ley, como la del Sector Eléctrico.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Energía señalaron que continuarían adelante con el real decreto, al considerar que tenía encaje legal y por ser una cuestión urgente, aunque admitieron que si el Consejo de Estado o la Abogacía del Estado advirtieran de que la norma podía tener riesgos jurídicos, buscarían otra vía u otra formulación de rango legal adecuada.

El proyecto de real decreto del Ministerio ampliaba las causas para denegar el cierre de centrales eléctricas de generación, actualmente sólo existe la de la seguridad del suministro, a cuestiones como el encarecimiento de los precios de la electricidad, la reducción de la competencia o afectar a los objetivos de planificación energética del país.

Energía impulsó este real decreto alegando que la planificación energética del país no podía depender sólo de decisiones empresariales, en medio de un contexto en que se produjo el cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos), al desistir uno de sus propietarios, Iberdrola, de reanudar la producción en la planta.

Además, Enel, propietario de Endesa, había dado a conocer que podría cerrar algunas plantas de carbón en España e Iberdrola pidió autorización para cerrar las dos últimas centrales térmicas de carbón que la compañía tiene en el mundo, la de Velilla (Palencia) y la de Lada (Asturias).