A poco más de un mes de que se celebren las elecciones municipales, el Gobierno de Zaragoza en Común apura la legislatura con decisiones de calado «en defensa del patrimonio de la ciudad», esgrimió ayer el consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo Muñoz. «No nos dan lo que nos toca o se quieren quedar lo que no es suyo», afirmó. En el primer caso, se refirió al ultimátum que el ayuntamiento ha acordado dar a la Ejecutivo aragonés para que le ceda parte del suelo y el edificio de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar. En segundo lugar, aludió al proceso iniciado para anular la expropiación de los suelos de la sociedad Tiro Pichón y recuperar así los 9,6 millones de euros (más intereses) que se deben pagar a este club deportivo por esos terrenos.
Sobre los antiguas dependencias judiciales, Muñoz explicó en una rueda de prensa que en el 2016 el ayuntamiento «descubrió» que parte de estos inmuebles eran de su propiedad y desde entonces la viene reclamando «con la callada por respuesta» por parte de la DGA. Lo cierto es que ambas administraciones habían llegado a un acuerdo por el que la ciudad recibiría la mitad del edificio principal, así como el uso conjunto de la planta de abajo, de 4.768 y 1.145 metros cuadrados, respectivamente.
Este entendimiento, sin embargo, no se ha materializado, lo que el consejero achacó a una intencionalidad política, la de que no sea un gobierno de ZeC el que «salve» estos edificios, ya que a nivel técnico existe un consenso sobre cómo resolver el conflicto abierto y los usos compartidos y complementarios que pueden darse a estas instalaciones.
TERCER REQUERIMIENTO
Ante este bloqueo de la situación y que pronto expirará el plazo para poder reclamar legalmente la cesión, el consistorio ha optado por preparar la batalla judicial con el objetivo de forzar al Ejecutivo autonómico a que firme el acuerdo. Antes de acudir definitivamente a los tribunales, lo que reconoció que no sería la mejor solución al contencioso abierto y haría «inviable» el proyecto planteado para este edificio de la DGA, el Gobierno de la ciudad ha acordado enviar el tercer requerimiento formal en dos años.
«Queremos decidir sobre los usos de uno de los principales edificios de la plaza icónica de Zaragoza, el ayuntamiento es capaz de dinamizar usos vecinales y asociativos que devuelvan la actividad social y económica que la retirada de los juzgados a la Expo hurtó al Casco», argumentó.
La última vez que ambas partes se pusieron de acuerdo sobre este asunto fue a finales del 2018 en una reunión preparatoria en materia de urbanismo para la comisión bilateral entre la DGA y el ayuntamiento, que no llegó a celebrarse. En el último debate del estado de la ciudad se acordó dar un plazo de tres meses para alcanzar el pacto y, si no era posible, hacerlo por la vía judicial.
Desde la DGA señalan que el Ejecutivo no ha recibido todavía ningún requerimiento por parte del consistorio.
DE DOMINIO PÚBLICO
El gobierno de ZeC quiere que este edificio sea la sede asociaciones vecinales o ecologistas de la ciudad, además de albergar un espacio parecido a un centro cívico. Muñoz también sugirió además que acoja a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. Estos usos, precisó, son «compatibles» con la reciente instalación aquí de las oficinas del IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales).
Sobre los terrenos de Tiro de Pichón, la polémica parte de la exprociación de los suelos que se hizo para el plan de riberas de la Expo, por la que se pagaron 2,3 millones, cantidad que se elevó hasta 9,6 millones (más intereses) por una sentencia del Tribunal Supremo dictada hace cuatro meses, que elevó la valoración de esos terrenos. ZeC quiere ahora iniciar un nuevo proceso judicial para recuperar ese dinero mediante la anulación del proceso expropiatorio al entender que los suelos son propios y ganados al cauce invadiendo el dominio público hidráulico.
Para lograrlo, el Gobierno de Zaragoza ha requerido a la CHE a que efectúe el deslinde del dominio público hidráulico para demostrar que esos suelos tienen un carácter imprescriptible e inembargable, lo que por haría improcedente la indemnización. «Estamos intentando arreglar lo que no hicieron bien en su momento diferentes administraciones y vamos a evitar que la ciudad pague 10 millones de manera absolutamente inapropiada», dijo Muñoz.
