El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dado un mes al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón para que cumpla las sentencias que le obligan a anular la admisión de alumnos de hace cuatro y cinco años. La orden se refiere a los recursos contra la orden de escolarización dictada por el anterior Ejecutivo para los cursos 2011-12 y 2012-13 que presentaron los padres de alumnos del colegio Pío XII de Huesca y que fueron estimados por el juez.

La sentencia exigía la nulidad de estos procesos y condenaba a la Administración a fijar la proporción concreta de «alumnos con necesidad específica de apoyo educativo» que han de escolarizarse en cada uno de los centros escolares de la ciudad de Huesca, «a fin de garantizar una adecuada y equilibrada distribución del alumnado». Educación presentó recursos de casación, que fueron retirados por el actual Ejecutivo cuando accedió al poder.

El BOA publicó ayer que Educación anulará ambas órdenes, pero mantendrá las matrículas, lo que le supondrá una ingente dosis de trabajo administrativo pero sin trastorno alguno a las familias. Eso, y la imposición de un máximo del 20% de alumnos con necesidades especiales en cada centro, debería ser suficiente para cumplir con la sentencia sin tener que repetir procesos de escolarización pasados.