El juzgado de Primera Instancia número 3 de Zaragoza ha intentado sin éxito localizar bienes y dinero en efectivo de International Leisure Development (ILD, la empresa que desde hace tres años y medio se presenta como la promotora de Gran Scala) para embargarlos dentro del procedimiento instado por el antiguo despacho de abogados de la empresa --Garrigues-- para tratar de cobrar unas minutas que suman alrededor de 200.000 euros.
El prestigioso bufete y el actual letrado del ILD --este en representación del consorcio-- mantuvieron posturas enfrentadas en la vista de audiencia previa de ese procedimiento, celebrada ayer en los juzgados de la plaza del Pilar. El despacho reclama unos honorarios cuya cuantía no cuestionan los demandados.
LA SOLVENCIA Este procedimiento es el enésimo episodio de la rocambolesca historia del proyecto de Gran Scala en el que se pone en entredicho la solvencia de International Leisure Development, un consorcio de sociedades --la mayoría de ellas con sede en paraísos fiscales como Luxemburgo, Líbano o Chipre-- que en diciembre del 2007 aseguraba que nada más terminar la Expo iba a lanzar un complejo de casinos y parques temáticos que comportaría una inversión de 17.000 millones de euros.
Tres años después, las obras siguen sin comenzar y los terrenos para realizarlas, sin ser adquiridos por el consorcio. Varias decenas de vecinos de Ontiñena, donde los responsables de ILD aseguran que pretenden instalar el Las Vegas monegrino, han cobrado unos cientos de euros como señal para la compra de sus tierras, en virtud de unos contratos de opción de compra que han vuelto a ser prorrogados tras vencer en febrero. International Leisure Development debía ejecutar entonces los acuerdos para hacerse con la propiedad de los terrenos u olvidarse de ellos mientras los dueños retenían la propiedad y se quedaban con las señales.
No pasó lo uno ni lo otro, aunque a finales de marzo ILD efectuó pagos en Ontiñena. Para entonces, el juez ya intentaba, sin éxito, localizar su patrimonio.
