Secretarios y miembros de la judicatura aragonesa han criticado el "desprecio del ministerio" hacia la profesión y la "injerencia política" que supone que no todos los aspirantes tengan derecho a que se analice su currículo y su trayectoria profesional, valorando los méritos y no "la obediencia" a un determinado partido. Entre sus exigencias al ministerio, que aplique criterios de transparencia y valore los méritos.