La magistrada del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Calatayud ha imputado al vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), José Antonio Sanmiguel (PAR), como presunto autor de un delito de usurpación de estado civil por los contactos que mantuvo con un agente del destacamento de Tráfico del instituto armado en Calatayud para evitar una multa por exceso de velocidad.
El político, que es presidente intercomarcal del PAR en Zaragoza y concejal en Calatayud, reconoció al declarar como imputado que le había pedido al guardia civil --Ricardo H. I.-- que le quitara la multa, aunque, según añadió, desconocía que para hacerlo este pudiera cometer alguna irregularidad. Según dijo, pensaba que le echaría una mano en el recurso que preveía presentar.
El agente, que se encuentra en libertad por este asunto aunque ayer ingresó en la cárcel de Logroño como presunto integrante de un grupo de narcotraficantes que importaba cocaína de Colombia, niega haber sido el autor de los informes mendaces. Está imputado por falsedad documental.
La sanción en cuestión --una infracción de radar castigada con multa y retirada de puntos-- recayó en un tercero después de que llegara al expediente un documento firmado por el guardia --el niega haberlo elaborado y ha pedido una prueba caligráfica para determinar su autoría-- que asegura que el conductor del coche del político era en ese momento esa tercera persona.
La magistrada abrió las diligencias, en las que también está imputado Nicolae D., el ciudadano de origen rumano que desde primeros de año regentaba la whiskería de Terrer y que ayer ingresó en la cárcel de Zuera como presunto cabecilla del grupo de traficantes, a partir de un atestado de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Abastos (Valencia), cuyas pesquisas cerró el grupo de Policía Judicial de Calatayud.
VALENCIA La investigación comenzó cuando, hace unos meses, Hacienda bloqueó por impago de sanciones de Tráfico la cuenta bancaria de una joven residente en la capital levantina. Le habían cargado cuatro sanciones por infracciones cometidas con tres vehículos distintos a cuyo usuario habitual resultó que conocía: Nicolae D., encargado del club Venus de Calatayud cuando ella había trabajado en él como chica de alterne.
Tras varias pesquisas, los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía llegaron a la conclusión de que Ricardo H. I. había elaborado cuatro informes presuntamente mendaces --él lo niega-- que aseguran que la mujer era la conductora de los vehículos en las cuatro ocasiones en que el radar los detectó circulando a una velocidad excesiva.
Las investigaciones de la Policía Judicial llevaron posteriormente a la imputación de José Antonio Sanmiguel como presunto instigador y beneficiario de otro informe presuntamente mendaz.
La usurpación de estado civil está castigada con penas de entre seis meses y tres años de prisión.
