Alrededor de 30 organizaciones sociales zaragozanas firmarán hoy un documento en el que denuncian "prácticas policiales ilegales y discrimatorias" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacia inmigrantes. Este escrito, que será presentado al Justicia de Aragón, es el resultado del trabajo que ha realizado la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Antiguo en esta zona de la ciudad. El colectivo denuncia que las personas extranjeras están sufriendo "identificaciones masivas e indiscriminadas en la vía pública por sus rasgos étnicos", así como "detenciones preventivas" con el fin de averiguar su situación administrativa.
Cuando la asociación vecinal tuvo conocimiento de este tipo de actuaciones, recurrió a los abogados de la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos de Aragón (ASAPA) para presentarlas ante el Justicia. "Mañana es el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia y queremos volver a mostrar este gran problema", explicó Javier Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos Lanuza.
Sin embargo, el Casco Histórico no es la única zona de la capital aragonesa en la que se han producido este tipo de prácticas. "Nos llegan bastantes casos del barrio de Delicias, pero sobre todo del área de San Pablo y La Magdalena", recordó Elena Giner, miembro de la Red de Apoyo a Sin Papeles de Aragón, quien también denunció que hay personas que han sufrido estos controles en autobuses urbanos: "Hemos recibido casos en los que los policías han identificado a vendedores que se dirigían al mercadillo de la Expo en los autobuses", explicó.
COBERTURA LEGAL En el documento que van a presentar ante el Justicia, los colectivos sostienen que estas actuaciones policiales carecen de cobertura legal. "La detención preventiva a efectos de acreditar la estancia regular de una persona no está prevista legalmente y atenta contra el artículo 17 de la Constitución Española", sostienen. Del mismo modo, las entidades mantuvieron que la identificación de ciudadanos seleccionados por "sus rasgos étnicos o raciales" y los controles con este fin suponen un "grave atentado a la prohibición de discriminación recogida en el artículo 14 de la Carta Magna".
"El salir a controlar con el objetivo de identificar a personas sin papeles en situación irregular no tiene sentido", estimó Giner. En este sentido, la Red de Apoyo a Sin Papeles de Aragón también denunció que la pena de expulsión "se aplica sistemáticamente", lamentó Giner, quien estimó que las personas a las que se abre expediente sancionador no tienen recursos y deben pagar "más de 800 euros".
Por su parte, fuentes del Sindicato Unificado de la Policía en Aragón (SUP) estimaron que estas actuaciones se hacen "dependiendo de la época y circunstancias del político de turno cuando interesa subir la estadística arrecian estos controles y se incrementan el número de detenidos". Sin embargo, el propio secretario federal del SUP, José Manuel Sánchez, denunció que este tipo de actuaciones son "una mentira oficial que se vende como eficacia". Este argumento responde a que los arrestados por estos controles son "automáticamente puestos en libertad tras una tramitación y eso incrementa la estadística de detenciones".
PETICIÓN Con estos argumentos, los colectivos exigen a las autoridades políticas el "abandono de la retahíla retórica en que se encuentran ancladas", con el objetivo de tomar medidas urgentes y concretas para poner fin a las prácticas policiales "ilegales y discriminatorias". Entre ellas, las entidades quieren acabar con las redadas con el fin de detectar inmigrantes irregulares, la conducción a comisaría de estas personas con el propósito de incoarles en expediente sancionador y "la utilización del perfil étnico como criterio de selección de las personas sobre las que recaen estas prácticas". Con todo ello, hoy, a partir de las 20.00 horas en la Asociación Lanuza, se celebra una mesa redonda para analizar la realidad de este colectivo en Zaragoza.
