El último pleno ordinario de la legislatura de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves por unanimidad la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, una norma transversal para garantizar la igualdad de oportunidades con especial incidencia en el empleo.

Uno de los pocos textos que han salido adelante con el máximo consenso tras un trabajo en ponencia en el que se admitieron el 93 por ciento de las 435 enmiendas presentadas por los grupos, ha destacado la coordinadora, la socialista Pilar Zamora, quien ha enfatizado que es una ley no sólo importante para las personas con discapacidad, sino para el conjunto de la sociedad porque persigue garantizar los derechos y propiciar una sociedad inclusiva.

Una ley pionera que va más allá de lo regulado por otras comunidades, ha agregado, que responde a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias, que tiene que ver con un modelo de convivencia frente a los que excluyen al diferente y que es el "broche de oro" a una legislatura caracterizada por políticas sociales.

Porque ha sido el Gobierno PSOE-CHA, tomando como base un protocolo firmado con CERMI, el que ha remitido a las Cortes el proyecto de ley frente a otros que tuvieron la oportunidad y no lo hicieron.

Sin embargo, para la diputada del PP Marian Orós, se trata de una norma que se presentó "tarde y mal" después de tres años de reivindicaciones, a finales del año pasado, y sin las aportaciones de las entidades y sin memoria económica, aunque gracias al esfuerzo de todos se ha pactado un texto que garantiza los derechos de las personas con discapacidad "huyendo de paternalismos" y obliga a remover los obstáculos para hacer efectiva la igualdad de oportunidades.

Desde Podemos, Raúl Gay ha insistido en que los derechos no se promueven, sino que se garantizan y defienden "con uñas y dientes" y ha subrayado que ésta no es una ley más, aunque ha lamentado que queden en el limbo una dirección general de la discapacidad que podría coordinar todos los ámbitos desde el gobierno y la figura concreta del mediador laboral ante tasas de desempleo "vergonzosas".

Elena Allué, del PAR, ha asegurado que se trata de una ley fundamental, hecha para que permanezca en el tiempo y no solo para reconocer derechos, sino de garantías, en especial para el empleo, y no sólo público con una reserva del 8 %. En este sentido, ha advertido de que de las 100.000 personas con discapacidad en Aragón, el 65 por ciento son mujeres y sólo 16 % de ellas tiene empleo, y la desigualdad es también la base de la violencia de género.

Desirée Pescador, de Ciudadanos, tras incidir en que sacar adelante este texto no ha sido tarea fácil, ha destacado su carácter transversal, al actuar en materia de sanidad, educación, vivienda o empleo, con especial sensibilidad hacia las niñas y las mujeres, con un plan de acción integral.

Patricia Luquin, de IU, también ha resaltado el acuerdo en esta ley, porque es fundamental para garantizar derechos, con recursos, teniendo en el empleo la "espina dorsal" para garantizar la independencia económica de las personas con discapacidad e incluyendo un régimen sancionador con multas de entre 300 euros para infracciones leves y un millón, para las muy graves, porque debe calar en al sociedad que "nadie es más que nadie".

Finalmente, Gregorio Briz, de CHA, ha celebrado para las entidades sociales que trabajan por las personas con discapacidad la aprobación de esta ley, que es el "colofón" a la actuación del Gobierno aragonés a lo largo de la legislatura ante la demanda social de "pacto de estado", como supone esta legislación, para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.