Manuel Blasco es actualmente el único diputado en las Cortes de Aragón que está imputado judicialmente. Como parlamentario está aforado y, por ello, la instrucción de este presunto caso de corrupción se realiza ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y no en un juzgado ordinario, como se instruyen otros asuntos como las supuestas irregularidades en las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). Se da la circunstancia de que la investigación no está relacionada con su labor en el Parlamento autonómico, sino de cuando era concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, momento en el que no hubiese estado amparado por ningún tipo de aforamiento. Catedráticos como Juan Luis Gómez Colomer e Iñaki Esparza justifican esta figura para evitar las presiones políticas a las que puede verse sometido un tribunal ordinario cuando juzga a un cargo público. En España hay unos 10.000, 2.000 de ellos políticos.
