El fin de la industria del carbón en la comarca de Andorra y el incierto futuro de esta zona centraron ayer la primera reunión formal de la Mesa del Diálogo Social de Aragón desde que se aprobó la ley en la materia hace un año. Los sindicatos, empresarios y el Ejecutivo autonómico coincidieron en situar este problema como el mayor que tiene la comunidad en estos momentos en el plano económico, por lo que mostraron unidad y disposición a cooperar en la búsqueda de alternativas.

Ese es el principal mensaje que trasladaron la consejera de Economía, Marta Gastón, y los máximos responsables en Aragón de CEOE, Cepyme, UGT y CCOO, Fernando Callizo, Aurelio López de Hita, Daniel Alastuey y Manuel Pina, respectivamente, en un receso de la reunión. En el encuentro también participó el jefe del Gobierno autonómico, Javier Lambán, quien pidió unidad en este marco para aportar ideas y voluntad a fin de que la zona vea una alternativa posible que mitigue la situación que se avecina, según explicó la consejera.

Gastón confió en que la visita de Ribera sirva para evidenciar el compromiso del Gobierno central con una transición «justa», con una «alternativa real» y facilidades para que proyectos empresariales se instalen en la zona. Reclamó nuevamente que la ministra no autorice el cierre «hasta que Endesa presente un plan más allá del que ha planteado en inversión fotovoltaica», que es «insuficiente». «Está en manos del ministerio el autorizar o no esa solicitud y, en todo caso, hacerlo más rápido o retrasarlo», advirtió.

En nombre de las patronales, Aurelio López de Hita (Cepyme) abogó por dar algún tipo de facilidades administrativas para la instalación de empresas en esta zona minera, aunque reconoció que es una tarea difícil. Desde UGT, Daniel Alastuey mostró la disposición de los agentes sociales a aportar soluciones a este problema y consideró necesarias «políticas múltiples» para generar oportunidades de empleo en esta comarca.