Las organizaciones que reciban más de 100.000 euros de ayudas públicas tendrán que publicitar todas sus cuentas. También deberán hacerlo todas aquellas cuyos ingresos procedentes de las instituciones supongan el 40% del total, siempre que sean más de 5.000 euros. Así figurará en la futura Ley de Transparencia, que acumula meses de retraso, después de que se anunciara para octubre y noviembre del pasado año. Ahora, al fin, parece que está ya lista y el anteproyecto se aprobará en el próximo Consejo de Gobierno. Afectará a organizaciones como la Universidad de Zaragoza o los sindicatos, que a partir de ahora estarán obligados a poner negro sobre blanco todas sus cuentas.

El retraso tiene cierta lógica. El Gobierno de Aragón ha esperado a que el Ejecutivo central aprobase la suya para terminar de redactar la de la comunidad. Pese a ello, ayer, en la comisión Institucional de las Cortes, todos los grupos de la oposición criticaron la demora. El consejero de Presidencia, que comparecía para explicar los detalles de la Ley de Transparencia admitió que se ha incumplido el compromiso adquirido. "Pero no hubiese sido oportuno aprobarla sin que estuviese la normativa nacional", dijo.

SUJETOS A LA LEY

No avanzó muchos más detalles. Sí adelantó cuáles serán los sujetos que estarán regulados por la futura ley. Además del propio Gobierno deberán publicar sus cuentas para que la ciudadanía pueda verlas, la Universidad de Zaragoza, el Justicia de Aragón o los sindicatos. El anteproyecto prevé la creación de un portal del ciudadano más accesible y medidas de transparencia en la contratación pública; en la concesión de subvenciones; en la información financiera de las instituciones aragonesas, también de la Universidad de Zaragoza o en las empresas participadas por el Ejecutivo, entre otras.

La nueva regulación afectará también a las empresas públicas en las que el Ejecutivo autonómico tenga participación mayoritaria, o al menos el 50% del accionariado, como es el caso de Aramón. Aunque en realidad estas sociedades ya publicaban sus resultados, siempre, eso sí, a gusto del gobernante de turno y sin ninguna fiscalización. Así lo ha puesto en evidencia la Cámara de Cuentas cada vez que ha puesto el foco sobre ellas.

Los tres grupos de la oposición, PSOE, CHA y IU coincidieron en gran parte de sus líneas argumentales. Criticaron el retraso, y además pusieron en duda la voluntad del Ejecutivo por ser más transparente. Como ejemplo, las listas de espera, que llevan seis meses sin publicarse, o algunas de las respuestas que los grupos reciben del Gobierno en las que no se atienden sus peticiones.