La Asamblea General de Rectores del Grupo 9 de Universidades ha considerado que el decreto sobre la cotización de las prácticas, sobre todo las que se realizan en Administraciones públicas y también en empresas, "genera un problema económico" y "va en contra de la filosofía de las prácticas".

Este grupo está formado por nueve universidades que tienen en común ser los centros educativos públicos y únicos en sus respectivas comunidades. Así, componen el mismo las universidades de Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Navarra, Oviedo, País Vasco y Zaragoza.

En la asamblea, que se ha desarrollado este lunes en Pamplona, los rectores han considerado "positivo" que las prácticas curriculares computen a efectos de cotización a la Seguridad Social, pero han sostenido que estas deben estar "exentas de pago", ya que "el alumno se está formando, no está realizando un trabajo".

Así lo ha traslado en una conferencia de prensa el rector de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Alfonso Carlosena, quien ha lamentado "la forma" en que se ha realizado el decreto.

Así, ha detallado que el Ministerio de Universidades, Investigación y Ciencia "no era conocedor del mismo", lo que "demuestra que se ha hecho de espaldas a las universidades".

Ha aseverado que se trata de un decreto "de trazo grueso, en el que no se distingue lo que son prácticas curriculares de las no curriculares" y tampoco se distingue "si son remuneradas o no".

Igualmente, ha advertido de que si las universidades tuvieran que pagar esa cotización "estaríamos hablando de cantidades económicas realmente muy importantes, que serían inasumibles, da igual que las pague la universidad o la comunidad autónoma" y supondrían un "gran esfuerzo de gestión" en las altas y bajas.

En concreto, en el caso de la UPNA, el coste de la aplicación de este decreto sería cercano a los 400.000 euros, lo que supone el 5 por ciento de su presupuesto.

Además, ha señalado que las universidades tratan de "atraer empresas" para que los alumnos puedan realizar prácticas en ellas, pero que esta medida es "absolutamente disuasoria".

Sobre la Ley de Contratos, ha lamentado que la misma "no tiene en cuenta las particularidades de la investigación" y "a las universidades nos genera muchos problemas", por lo que ha pedido una modificación de la misma.

Ha defendido también que la investigación no esté afectada por la Ley de Subvenciones porque esta "no debe vivir de la subvención, sino que debe ser considerada como una inversión". Al respecto, ha lamentado que "cada vez se va a peor" en las justificaciones económicas de los proyectos.

Sobre la acreditación investigadora, denominada I3, ha valorado que la idea es que ahora pueda acceder a la misma "cualquier persona" y "no necesariamente" un investigador de Ramón y Cajal, por lo que las universidades contarán "con más candidatos" para un cupo de plazas.

Ha indicado, sobre el Estatuto del Personal Investigador en Formación, que a los investigadores en formación se les permitía tener una actividad docente de hasta 240 horas y, de acuerdo con el borrador del nuevo estatuto, se quiere reducir a 180 horas.

El problema que genera, según ha señalado, es que esa actividad docente permitía a los investigadores tener el currículum "suficiente" para acceder a plazas de profesorado y, al reducir las horas, ya "no cumplen los requisitos" para ello.

En el encuentro también se ha procedido al traspaso de la presidencia, con una duración de seis meses, de este grupo. Así, el propio Carlosena ha asumido el cargo tras haber completado el periodo el presidente saliente y rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos.