No hay que disparar las alarmas pero conviene no bajar la guardia. Es la opinión generalizada en las principales universidades respecto a los revuelos causados por las malas praxis acontecidas en los últimos meses, desde el asunto del plagio en tesis y másteres que ha implicado a la clase política, hasta la reciente expulsión de cuatro alumnos por vender un examen en la Universidad de Barcelona.
La paradoja es que, mientras los centros cuentan cada vez con más herramientas para detectar el fraude, no existe una ley estatal moderna que concrete cómo castigar a los tramposos. Hay que retroceder al franquismo, a 1954, para encontrar el único reglamento vigente, y de carácter sancionador, que regula la disciplina académica. La clase política no ha hecho los deberes y cada universidad debe idear fórmulas propias para combatir el juego sucio.
Ahora, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) se ha puesto manos a la obra y ha iniciado un grupo de trabajo para abordar la derogación de ese decreto franquista. A este equipo se le ha encargado presentar una propuesta de carácter técnico que, elaborada de forma conjunta con distintas áreas de las universidades y con la representación del alumnado, pueda ser presentada al ministerio para su tramitación.
CONSENSO
El objetivo es, por tanto, entre otros aspectos, derogar el decreto del 8 de septiembre de 1954 por el que se aprobó el Reglamento de Disciplina Académica. «Esperamos alcanzar una propuesta consensuada en el menor plazo posible», detallan fuentes de la institución.
En el viejo reglamento, las sanciones propuestas abarcan desde la expulsión temporal a la perpetua. Sin embargo, la legislación constitucional plantea dudas sobre su aplicación, teniendo que ser constantemente interpretada por quienes deben utilizarla en democracia.
Mientras llega la nueva ley, en la Universidad de Zaragoza han optado ya por figuras como normativas, códigos éticos propios, planes de buenas prácticas o herramientas virtuales antiplagio.
RESPONSABILIDAD
Este sistema, disponible para los docentes, produce automáticamente un informe de detección de plagio para cada tarea o taller entregado telemáticamente por el estudiante. El programa realiza una búsqueda entre una colección de internet de miles de millones de recursos en línea (artículos, web, blogs, noticias o archivos) y trabajos estudiantiles en el repositorio de la aplicación.
Además, el pasado mes de septiembre el campus aragonés aprobó en Consejo de Gobierno una nueva normativa para contar con una inspección de servicios centralizada (hasta ahora estaba por departamentos o áreas) y otra sobre espacios e investigación.
Este paso supone que ahora todo el mundo en la universidad sabe a quién debe dirigirse en cada momento, ya que esta estructura única exige coordinadores y una normativa de control que se extiende a todos.
