La acusación popular en el caso pagarés de Plaza pidió ayer que el juez Francisco Picazo, encargado de investigar los sobrecostes millonarios en unas naves de la plataforma, impute un delito de prevaricación a los cuatro encartados en este asunto: el exviceconsejero socialista, Carlos Escó; el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; el constructor Agapito Iglesias, y el director de obra, Miguel Ángel Pérez Cervantes.

La letrada de UPD, Irene Romea, alude al último informe de la Policía en el que se señalaba que Escó dio instrucciones para contratar a empresas de Agapito, entre ellas las 119 naves que ahora están bajo sospecha. En el atestado, que adelantó EL PERIÓDICO, se señala que Codesport --perteneciente a Agapito-- consiguió en la segunda ronda 57,81 puntos frente a los 57,14 de Dragados y así poder levantar estos edificios.