Unión, Progreso y Democracia (UDP) ha pedido a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, Mercedes Terrer, que rechace las solicitudes de archivo del caso PDL, en el que investiga si existieron irregularidades en el incremento de 3,1 millones en el coste de una contrata de la nave de Caladero en Plaza, que han formulado las defensas de los cuatro imputados en el caso: los exadministradores de Plaza Desarrollos Logísticos Carlos Esco, Santiago Coello, Pilar Valdivia y Pedro Colás.

La letrada de UPD, Irene Romea, que ejerce la acción popular, ha presentado un escrito en el que reclama la práctica de dos pruebas documentales: un informe de la Junta de Contratos Administrativos y la aportación de una carta en la que los responsables de la empresa de alimentación le comunicaban a Plaza que no podían asumir el precio que estaba alcanzando la obra.

La abogada indica en su escrito que el delito de prevaricación --el que la Fiscalía incluyó en la denuncia que originó el caso-- castiga la vulneración de la legalidad por parte de funcionarios y autoridades, pero no afecta al quebranto que sus actos puedan ocasionar.

Las defensas pidieron el sobreseimiento de la causa tras concluir el Tribunal de Cuentas que en esa contrata no hubo desfases económicos.

Por otro lado, la magistrada ha rechazado la petición del colectivo Manos Limpias para ejercer la acción popular en este asunto.