UPD, que actúa como acusación popular en el caso pagarés, ha vuelto a recurrir la decisión del juez instructor de Zaragoza de no buscar el paradero de los 17 millones de euros que, supuestamente, se repartieron los imputados.
En un escrito a la Audiencia Provincial de Zaragoza, la letrada Irene Romea critica muy duramente que el magistrado Francisco Picazo calificara de "inútil" dicha búsqueda, tal y como adelantó EL PERIÓDICO. Le recuerda que él fue quien solicitó en un primer momento saber dónde estaba el dinero que al parecer se repartieron el exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó; el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; el exdirector técnico Miguel Ángel Pérez y el constructor Agapito Iglesias.
La abogada critica que se renuncie a buscar "por ser difícil, ya que está en juego el dinero de los aragoneses".
