La magistrada que investiga el caso Paraísos, María José Gil, ha aceptado la personación del partido UPD como acusación popular en la causa que instruye desde hace un mes contra el exviceconsejero socialista de Obras Públicas de la DGA, Carlos Escó, y el constructor Agapito Iglesias, por los delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza se lo comunicó anteayer mediante providencia a la abogada Irene Romea, que también acusa, junto a Fiscalía y DGA, en el caso pagarés por unos sobrecostes millonarios en las obras de 119 naves de la Plataforma Logística de Zaragoza.
De hecho, fue el juez que instruye este caso, Francisco Picazo, quien impulsó está nueva investigación contra Escó y Agapito, después de que recibiera un informe de la Policía Nacional en el que se señalaba la posible evasión de capitales por parte de ambos en sus recientes viajes a Panamá, Colombia y Guatemala, Reino Unido y Ecuador.
El informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía en Aragón también destacaba la "cuantiosa actividad notarial" que registró el soriano entre marzo y abril, poco antes de que impulsara el concurso de acreedores en gran parte de sus empresas. Una parte importante de su patrimonio --1.227.353 euros-- fue a parar mediante donaciones, transmisiones y venta de acciones a su exmujer, sus dos hijos y un cuñado. De ahí que el juez Picazo apreciase indicios de un posible delito de alzamiento de bienes.
El informe fue encargado para averiguar el patrimonio del empresario y del político altoaragonés, que actualmente es director de relaciones internacionales de Telefónica en Latinoamérica, pero también del exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, para que intenten cubrir la responsabilidad civil solidaria de 18,6 millones de euros que les impuso en este asunto, ya que no ha podido ser cubierta pese a los embargos decretados.
Ahora, la magistrada del caso paraísos está estudiando toda la documentación para practicar nuevas pruebas de indagación en torno a este caso. Por el momento, no han trascendido diligencias propias de esta investigación, una derivada de los casos Plaza que complementa a la causa principal, el caso saqueo --por los presuntos sobrecostes millonarios en las obras de urbanización de la plataforma logística-- y el citado pagarés.
