Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Aragón ha presentado en Zaragoza un escrito ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en el que pide abrir una investigación sobre presuntas "prácticas fraudulentas" en la gestión de la desaparecida Caja Inmaculada (CAI).

El partido pretende que la investigación permita "aclarar" si en la gestión de la CAI "hubo prácticas fraudulentas como las sucedidas en Bankia", han informado hoy a Efe fuentes de UPyD.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE y que no aporta ningún dato concreto sobre la CAI, se alude en general a los procesos de reestructuración del sistema bancario en el que "han salido diversas informaciones relativas a operaciones irregulares que habrían sido llevadas a cabo en una parte considerable" de cajas de ahorro.

Entre otros, se refiere principalmente al caso de Bankia, que se encuentra en fase de instrucción en la Audiencia Nacional y, según el escrito, "es el que mejor simboliza el colapso del sistema" de Cajas de Ahorro, "una entidad politizada, opaca y mal gestionada por unos directivos y consejeros con sueldos millonarias".

En este sentido, alude al uso de tarjetas de crédito no declaradas en Bankia, así como a diversos comentarios que apuntan a que "en otras cajas pudieran haber estado empleando tarjetas del mimo estilo".

Dada la trascendencia de los hechos y de la probabilidad que este modus operandi haya sido la "regla general" en otras entidades, UPyD ha pedido la apertura de oficio de diligencias de investigación que ayuden al esclarecimiento de los hechos.

Para el coordinador de UPyD en Aragón, Carlos Aparicio, los clientes de CAI y los aragoneses "tienen derecho a saber si con su dinero se incurrió o no en mala praxis, en prácticas de dudosa ética o directamente en actividades punibles judicialmente".

Aparicio, que será el candidato de UPyD a la presidencia del Gobierno aragonés en las elecciones autonómicas de 2015, ha añadido que "debe quedar claro si los partidos políticos y sindicatos presentes en la Caja ejercieron como es debido el control que tenían asignado".

La presentación del escrito a la fiscalía se produce una semana después de que las Cortes de Aragón aprobaran por unanimidad el dictamen elaborado por la Comisión de Investigación creada para analizar la gestión de la CAI desde el año 2000.

Entre otras conclusiones, el dictamen, en el que no se detectaron "infracciones penales", destaca del "desmedido" crecimiento del negocio inmobiliario excediendo los límites de una gestión financiera prudente y censura la política de retribuciones e indemnizaciones por ser "desigual, desproporcionada y poco transparente".