Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado ante la Audiencia Provincial de Zaragoza un recurso de apelación contra el auto que decretó el archivo provisional de la causa por presunta prevaricación del denominado Caso Caladero, .
El archivo fue decretado a finales de julio por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, Mercedes Terrer, por considerar que no hay materia penal en este caso, por el que fueron imputados Pilar Valdivia, Pedro Colás, Carlos Esco y Santiago Coello.
El coordinador de UPyD en Aragón, Carlos Aparicio, ha señalado en un comunicado hecho publico hoy que el recurso, de 16 folios, "desgrana los motivos por los que estiman que no se debe cerrar la investigación iniciada a instancia de la Fiscalía sobre la modificación de contrato de obras de las naves destinadas a al empresa Caladero.
"Es de crucial importancia lograr saber si los responsables de la empresa pública bajo el gobierno PSOE-PAR adjudicaron importantes contratos por favoritismo Zaragoza", ha explicado el dirigente del UPyD, que ejerce la acusación popular en este caso.
En el recurso se pide profundizar en la investigación de los modificados, "que supusieron un incremento en el coste total de las obras cercano al 29%, sin que hubiera consignación presupuestaria a la fecha de la firma", y "sin que se haya acreditado que lo abonado por los modificados fuera ajustado a precios de mercado".
UPyD ha recordado que la letrada Irene Romea había pedido nuevas diligencias, que el juez no aceptó, como un informe sobre la legalidad del procedimiento administrativo y la corrección de las decisiones adoptadas por los responsables de la sociedad pública en aquellos momentos
Caladero es una de las cuatro piezas judiciales en el ámbito penal en que se ha dividido el denominado Caso Plaza, una presunta malversación millonaria en la gestión y desarrollo de la sociedad publica por la que están imputadas más de veinte personas.
Pilar Valdivia es directora de Empresas Participadas de la Corporación Empresarial Pública de Aragón; Pedro Colás fue director financiero de Plaza; Carlos Escó, exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón; y Santiago Coello, exconsejero delegado de la Corporación Empresarial Pública.
En el auto de archivo, la jueza consideró que "se ha constatado la justificación de las obras contratadas", que "las obras realmente ejecutadas se ajustan a lo acordado", que se han establecido precios de mercado y que "no se ha producido un perjuicio patrimonial en los fondos públicos".
Por ello, sostiene que "no existen datos que permitan apreciar una actuación delictiva" atribuible a los cuatro imputados como responsables de la empresa pública Plaza Desarrollos Logísticos en el momento de suscribirse el contrato sobre esta obra.
