El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha reactivado la negociación acerca de la cesión de suelo público a entidades y colectivos, después de varios meses de parón y de que se abriese una convocatoria que finalizó con 25 solicitudes de parcelas. De este modo, en la Gerencia de Urbanismo que se celebró ayer se decidió retomar este asunto y reconstituir la denominada mesa de los suelos, un grupo de trabajo de los grupos municipales para acordar criterios a la hora de ceder suelo municipal.

Ya para empezar, los partidos se sentarán a negociar con posturas encontradas. El portavoz de CHA, Juan Martín, insistió en que "hay que decidir ya qué solares y a quién se conceden para desbloquear esta situación" y recordó que antes "se cedían con absoluta parcialidad y sin ningún tipo de concurso público". Pero hay un gran obstáculo que salvar: la postura del PP que ayer denunció que fue el propio Gobierno municipal el que "rompió el consenso" con una "cesión sectaria" de suelo a la DGA, tal y como explicó el popular Pedro Navarro. Se trata de la cesión de un terreno en Valdespartera para la construcción de un colegio que iba a ser concertado, promovido, entre otros, por la Fundación Estudiantes. Tras la presión, sobre todo de IU y CHA, se aprobó la operación pero con una cláusula en la que se obligaba al Ejecutivo a la construcción de un centro público. La DGA ha llevado al Contencioso-Administrativo esta decisión.

Así que el PP solo negociará si se retira esta condición. Además, pidió un listado de terrenos en los que sus actuales titulares, tras una cesión municipal, no han cumplido las condiciones previstas, de modo que se puedan revertir al consistorio.

Las posiciones de IU y CHA pasan por no realizar ninguna cesión de suelo público a entidades que vayan a sacar un rédito económico. Ni tampoco a la Iglesia ni a confesiones religiosas. Y el PP apuesta por la concurrencia competitiva y por un sistema de puntuación a los proyectos presentados. Urbanismo presentó una propuesta hace meses que no se ha vuelto a debatir.

En ella se proponía que los colectivos que fueran a cobrar a los usuarios por el servicio que se prestarse en el suelo pagasen el suelo cedido. Si los usuarios no pagan por el servicio (iglesias o sedes sindicales o sociales) se apuntaba la posibilidad de cobrar por debajo del valor del suelo o incluso ceder el terreno de forma gratuita. Es decir, de dar suelo gratis a las confesiones religiosas.