El área de Urbanismo solicitó una auditoría sobre el «funcionamiento y no de gestión» de Ecociudad. El gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Abadía, confirmo ayer su existencia, tal y como había anunciado su homólogo en Ecociudad, Miguel Ángel Portero, durante su comparecencia en la comisión de investigación de la sociedad municipal.

Abadía puntualizó durante las cinco horas de comparecencia que este estudio también se realizó en las áreas que completan la concejalía de Urbanismo para incorporarla a los procesos de calidad que se estaban realizando.

Según las fuentes consultadas, Abadía admitió que no existe ningún documento o acta que acredite que el consejo de administración le autorizó a asumir labores propias de Portero o de los ingenieros de la sociedad, como la negociación con Drace de la prórroga del contrato hasta en dos ocasiones. Unas labores que le encomendó, según las mismas fuentes, la vicepresidenta de la sociedad, Teresa Artigas.

Según declaró Abadía a los medios, la contrata puso de manifiesto varias «disconformidades» sobre el funcionamiento de la sociedad, la aplicación de los pliegos de condiciones en materia de personal o de las inversiones en la planta. Según las fuentes consultadas, Abadía admitió que la modificación de estas mejoras no supusó una cambio en el objeto del contrato aunque, a su juicio, aquellas «sustanciales no tenían título», es decir, que tendrían que haber sido aprobadas por el Consejo de Administración, dado que es el órgano de contratación.

El asesor jurídico, José Antonio Sanz, un letrado independiente, declaró durante su comparecencia que Portero, como gerente, sí tenía competencias para negociar la modificación de las mejoras y autorizarlas. Además, siempre según las fuentes internas de la comisión, estos cambios no se registraron en un acta al uso, ya que se trataba de un documento, aprobado en octubre, que aglutinaba los diferentes encuentros con Drace.

Por otro lado, el representante sindical de CGT, Alberto Casablanca, lamentó que esta comisión de investigación «no servirá para nada porque la voz de los trabajadores volverá a ser callada». «El PP cree que venimos a abogar por la municipalización cuando denunciamos el funcionamiento de las plantas», declaró el trabajador.