El Ayuntamiento de Zaragoza hará todo lo posible por mantener abierto el hipermercado de Alcampo de la plaza Utrillas. La última alternativa que le queda es el recursode amparo ante el Tribuna Constitucional de la sentencia que anula la modificación del Plan Especial de Reforma Interior del 2004 que avala la licencia.
Entonces pudieron mantener abiertos los locales, pero ahora el consistorio se encuentra entre la espada y la pared y las posibilidades de salir victorioso ante este recursos al Constitucional son escasas.
El consistorio persigue conseguir "la seguridad legal" para esta superficie consolidada, tras 14 años de actividad y que, en caso de cerrar sus puertas, conllevaría también el cierre de todos los locales que prestan servicio en el sótano.
ARGUMENTOS Entre los argumentos esgrimidos, Urbanismo considera que la sentencia del Supremo "ha quebrado el principio de tutela judicial efectiva por haber sido modificadas resoluciones judiciales firmes y por haber dado ejecución a una sentencia fuera de sus exactos términos".
Este viernes se dictaminará en la comisión de Urbanismo la decisión de alegar la sentencia emitida tendrá que ser ratificada en pleno, previsiblemente en el que se celebrará el 6 de junio.
El Supremo consideró que la modificación realizada tuvo "como directa finalidad eludir el cumplimiento de la sentencia firme anulatoria de la licencia de instalación de la actividad comercial en planta bajo rasante del edificio".
Desde la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios (Ecos) denunciaron que la reforma adoptada por el consistorio, y en sesión plenaria de urgencia, "no tuvo como objetivo los intereses generales del municipio, sino los intereses particulares de la cadena de hipermercados".
LICENCIA Cuando se aprobó el plan de reforma el ayuntamiento se enfrentaba a una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Zaragoza --emitida en el 2000-- que declaró ilegal la concesión de la licencia por asignar el Plan General de Ordenación Urbana un uso de sótano --y no comercial-- a la planta bajo rasante del hipermercado de Utrillas, lo que debía conllevar de forma inmediata "el cierre de la actividad ilegal".
Antes de que finalizara el plazo para ejecutar el fallo, el consistorio aprobó la modificación del plan de reforma para autorizar la actividad comercial del sótano. Lo hizo tras la petición de los propietarios del supermercado, de manera que pudieron extender la explotación del recinto.
Tras ello, el juez declaró la "imposibilidad de cumplimiento de la sentencia" en un auto en el que fijó una indemnización de 300.000 euros por daño moral para los comerciantes. Este cambio solo podía declararlo ilegal el Tribunal Superior al no tener competencias sobre la materia el contencioso.
