La Policía Nacional detuvo el miércoles en la provincia de Lérida al empresario José Luis García, al que la jueza Amaya Pascual, del Juzgado número 1 de Alcañiz, envió a prisión sin fianza por haberse gastado 2,6 millones de subvenciones --en concepto de préstamo-- del Ministerio de Industria en gastos personales y negocios ajenos al objeto de las ayudas. Sus cinco presuntos testaferros salieron en libertad con cargos. El empresario usó como gancho para obtener el dinero una supuesta gran empresa en Calanda, que no llegó a poner en marcha.

La investigación policial comenzó en junio, a raíz de un informe de la Agencia Tributaria por las irregularidades detectadas en el destino de los fondos del ministerio, en el marco del Programa de Reindustralización de Teruel. El grupo de Blanqueo de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, en colaboración con la comisaría de Lérida, determinó que el empresario encarcelado, de 55 años, había utilizado el negocio en Calanda para obtener el dinero y repartirlo a través de diversas sociedades domiciliadas en la localidad leridana de Balaguer.

DISPOSICIONES Los investigadores determinaron que la mayor parte del dinero, 1,6 millones de euros, habían terminado invertidos en un chalet unifamiliar de piedra en la localidad de Vilanova de la Barca, además de en tres vehículos, dos de ellos de alta gama, de la marca Mercedes. Además, el empresario y sus presuntos secuaces hacían amplias disposiciones de efectivo, de hasta 200.000 euros, según pudo determinar la Policía.

El resto del dinero había sido invertido en negocios ajenos a la fábrica y el centro de empleo de Calanda para los que le habían concedido el dinero. Para ello había usado diversas sociedades en Balaguer, muchas de ellas domiciliadas en su propia casa, donde la Policía intervino abundante documentación y material informático. Este está pendiente de análisis por parte del grupo de Blanqueo.

Cuatro de los seis detenidos pasaron a disposición de la jueza Pascual anteayer, y a primeras horas de la noche esta decretaba el ingreso en prisión sin fianza de García. A los tres presuntos testaferros, Diana S., Leonor G. G. y Fermín B. G. les dejó en libertad con cargos tras escuchar su declaración, previamente.

A todos ellos les imputa delitos de fraude en subvenciones, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Los otros dos detenidos, María Dolores V. G. y Luis G. V., no declararon ante la jueza, según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Según la denuncia de la Fiscalía, la trama generó facturas ficticias para simular una actividad empresarial que les permitiera solicitar las subvenciones, por lo que les imputan el delito de falsedad. Pero una vez recibidas, las redirigieron a diferentes cuentas de su entramado empresarial "para el enriquecimiento personal de los investigados y para el desarrollo de algunos negocios situados en la provincia de Lérida, ajenos en todo caso a las finalidades perseguidas con la concesión de los préstamos", según el auto de la jueza.