El Gobierno de la Generalitat Valenciana acordó ayer destinar 700.000 euros para atender los gastos de defensa jurídica de las personas afectadas por la derogación del Plan Hidrológico Nacional (PHN). El portavoz del ejecutivo valenciano, Alejandro Font de Mora, anunció que el Gobierno valenciano mantendrá contactos con colegios de abogados y procuradores para facilitar estas actuaciones.
Tras el anuncio del Ejecutivo autonómico, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Antonio Bernabé, aseguró que la Generalitat está "malgastando el dinero público" en una campaña institucional "injustificada" en favor del Plan Hidrológico Nacional, lo que en su opinión es "éticamente muy reprobable".
Según afirmó Bernabé, el Gobierno valenciano "tiene otras muchas prioridades que solucionar" antes que "malgastar" el dinero público en una campaña publicitaria institucional. "Lo que hay que hacer es buscar soluciones y no esforzarse en posiciones partidistas, y menos aún gastar el dinero de todos los ciudadanos en promocionarlas", subrayó.
NUEVA FUNDACION Por otra parte, el Gobierno de la Generalitat aprobó ayer la creación de la Fundación Agua y Progreso, que pretende concienciar a la sociedad de la Comunidad Valenciana en la defensa de los recursos hídricos. El objetivo de esta fundación es potenciar la participación de la comunidad en las políticas y acciones que fomenten la concienciación de la sociedad respecto de la "solidaridad necesaria" para un desarrollo sostenible en materia hídrica, con especial incidencia en el régimen de trasvases como solución para paliar el déficit estructural de las cuencas mediterráneas.
Entre sus fines figuran la defensa y apoyo, bien directamente o bien a través de otras organizaciones, de los derechos de los valencianos a un equilibrio hídrico nacional que los equipare con el resto de ciudadanos, así como el desarrollo de acciones dirigidas a informar a los colectivos afectados de los efectos que supone la paralización del trasvase del Ebro.
