El Levante siguen en pie de guerra por la derogación del trasvase. Sólo cuatro días después de la aprobación en el Consejo de Ministros del decreto ley que suprime el trasvase, los gobiernos de Murcia y Valencia aprobaron ayer la presentación de sendos recursos de inconstitucionalidad contra la decisión del Ejecutivo central. Ambas autonomías justifican los recursos, entre otros argumentos jurídicos, en que el decreto vulnera el principio constitucional de solidariad interterritorial.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, replicó que Murcia y Valencia están en "su absoluto derecho" de acudir al Tribunal Constitucional, aunque advirtió que "hacen un flaco favor a la opinión pública". La ministra reitó que con la alternativa ambas comunidades tendrán "más agua, más barata y en menor tiempo" que con el trasvase.
DECRETAZO El Gobierno valenciano se reunió ayer por la mañana para concretar la presentación ante el Constitucional de un recurso contra la derogación del trasvase, mediante un "decretazo unilateral" y que vulnera el principio de solidaridad territorial, según el presidente valenciano, Francisco Camps. El presidente valenciano explicó en rueda de prensa que el Gobierno central ha cometido así "su primer fracaso político" al prescindir del diálogo y debate necesarios en el modelo territorial español para tomar, por contra, una decisión "arbitraria, unilateral y que afecta directamente a dos comunidades autónomas y a parte de una tercera". "Qué garantía puede ofrecernos un Gobierno que se salta todos los trámites" necesarios para tomar una decisión similar a la que aprobó el propio PHN, se preguntó.
El Gobierno valenciano también realizará estudios para determinar si el real decreto "vulnera el derecho comunitario europeo, con carácter previo a su denuncia ante las instituciones de la Unión Europea".
Por la tarde, también se reunió el Gobierno murciano para dar su visto bueno a la presentación del correspondiente recurso ante el Constitucional por el "uso inadecuado de la figura del decreto ley". El consejero de Presidencia murciano, Fernando de la Cierva, aseguró que la Constitución prevé el empleo restrictivo de este tipo de norma jurídica. El recurso se basará también en que el decreto ley suple una ley orgánica de mayor rango aprobada por el Congreso de los Diputados y el Senado y en que "vulnera y quiebra" el principio de solidaridad interterritorial.
El consejero murciano de Agricultura, Antonio Cerdá, afirmó con contundencia que con la derogación del trasvase el Gobierno central "quiere condenar a la región a que sigamos siendo los monaguillos de otras comunidades autónomas a las que antes emigrábamos". Y se preguntó por qué Murcia no puede tener urbanizaciones "como Cataluña y Andalucía". "Aragón ha hecho el trabajo sucio en este asunto, pero la beneficiaria va a ser Cataluña. "Nosotros no tenemos agua, pero Aragón qué, qué ha ganado con todo esto", reflexionó el titular murciano de Agricultura.
