Los regidores de varios ayuntamientos aragoneses presentaron ayer la campaña Quejas Europeas que pretende sumar los máximos apoyos entre las poblaciones afectadas para que la Comisión de la Unión Europea investigue los a su juicio «incumplimientos del derecho comunitario « en los que viene incurriendo el plan de saneamiento y depuración de Aragón.

Con el impulso de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) y el trabajo de los profesores Pedro Arrojo y Abel Lacalle, los alcaldes de La Puebla de Híjar, Murillo de Gállego, Plan, Sahún, Aguaviva, Bielsa, Tobed y Lupiñén (entre otros muchos que tienen previsto incorporarse), denuncian a los gobiernos central y autonómico y al Instituto Aragonés del Agua (IAA) por no haber observado obligaciones como la evaluación ambiental y el análisis económico en la revisión del plan de saneamiento. «Se han construido depuradoras sobredimensionadas y muy caras de gestionar y mantener, no se han presentado alternativas para evaluar qué opción resultaba más económica, no se está respetando el principio de transparencia ni se informa de a qué se dedica el dinero europeo y se consiente que el que contamina no pague por ello», concentró Arrojo al inicio de su exposición.

Con el procedimiento presentado ayer, se pretende que Europa pida explicaciones a los responsables aragoneses sobre el destino de más de 130 millones de euros (casi la mitad de procedencia comunitaria) que tenían como finalidad construir depuradoras en el Pirineo y que, según este grupo, se han destinado a objetivos «distintos y desconocidos ». Si la Comisión Europea atiende la reclamación, solicitará explicaciones al Gobierno de España, que a su vez pediría un informe detallado a la DGA. «Es muy grave. Estamos hablando de fondos europeos con una finalidad muy clara que se ha incumplido », recalcó Arrojo.

El profesor de la universidad de Almería, Abel Lacalle, experto en derecho ambiental europeo e impulsor de los recursos contra el trasvase del Ebro que paralizaron durante un tiempo el envío a España de fondos europeos, explicó que «si se observa un incumplimiento del derecho comunitario, la Comisión obligará a que se devuelvan los fondos, pero si, además, detecta que ha existido un fraude, iniciaría un procedimiento especial y solo hay que recordar casos en España como el de las subvenciones al lino y el algodón», explicó.

La puesta en escena de esta iniciativa contó con la presencia, entre otros representantes, de los alcaldes de Plan, José María Fantova (CHA); de Sahún, Ramón Latorre (PAR); de Murillo de Gallego, Marta de Santos (CHA) y el alcalde de Puebla de Híjar, Pedro Bello (IU). Todos los partidos a excepción del PP. «Hemos querido presentar una pequeña muestra en la que están casi todas las formaciones políticas para evitar que nos tildasen de «partidistas», advirtió Arrojo, quien, además aludió a la complicada situación que viven varios regidores populares, como el alcalde de Jaca, (Víctor Barrio), molesto según él con la factura del canon. «En el PP no falta gente cabreada. El Alcalde de Jaca sabe que gestionar la depuradora supone 400.000 euros, pero les está costando seis veces más».

Los responsables de esta iniciativa confían en suscitar interés en Europa, pero tienen claro que la cuestión contaría con más apoyos si en Zaragoza se cobrase el canon, circunstania aplazada hasta 2016.