Los autobuses de Zaragoza ya lucen cámaras de videovigilancia. Por ahora se han instalado en 16 de los 25 vehículos previstos y, a la espera de que comiencen a funcionar, los trabajadores ya han manifestado su descontento por esta medida. Inicialmente se anunció que se iban a instalar únicamente en los búho (nocturnos), pero desde el sindicato CUT dudan de que vaya a ser así por el número de aparatos que se van a colocar.

Desde la empresa que se encarga del transporte público, Avanza Zaragoza, explicaron que por ahora se están colocando los aparatos en los autobuses que desde el área de Movilidad del ayuntamiento les han indicado. Aseguraron que respetarán «escrupulosamente» la ley orgánica de protección de datos, y se comunicará a los pasajeros mediante una pegatina que avisará de que se trata de zona con videovigilancia.

En ningún caso, recalcaron desde la contrata, se colocan para controlar a los empleados, como denuncian los conductores, sino que tiene como finalidad aumentar y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los viajeros, controlando el interior del vehículo, exceptuando la cabina. Los conductores no serán grabados.

Los trabajos se prolongarán en los próximos días, pero todavía no hay fecha para que comiencen a grabar lo que sucede en el interior. Según explicaron desde el Gobierno municipal, se trata de una de las «medidas de mejora» que ofreció la empresa en el 2013 y que se han «limitado» a autorizarla. Según la contrata, varios conductores han solicitado formalmente su colocación, pero el comité de empresa nunca ha estado conforme con su instalación. Cuando se trató el asunto, se puso como condición que no se les grabara y que pudieran tener acceso a las grabaciones, algo que, según explicó el presidente del CUT, Javier Anadón, «la dirección rechazó».

Explicó que se va a convocar un proceso de votación para que la plantilla pueda manifestar si está conforme con esta nueva medida y que, además, elevarán una queja al Justicia de Aragón, Ángel Dolado, porque consideran que «no son necesarias, ni estadísticamente ha habido los suficientes incidentes o agresiones que justifiquen esta medida de control de la población y de los trabajadores».