Varias asociaciones, partidos políticos y entidades sociales, entre las que se encuentran la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), Izquierda Unida, Podemos o Zaragoza en Común (ZeC), han presentado ante el consistorio de la capital aragonesa sendos recursos de reposición contra la gran superficie comercial Torre Village.

En concreto, lo hacen contra los tres acuerdos del Consejo de Gerencia de Urbanismo del pasado 25 de abril, por los que se concedían diferentes licencias urbanísticas y ambiental de actividad clasificada para la adecuación de locales, en concreto para ocho salas de cine y restaurantes.

Entre las razones esgrimidas, estos colectivos denuncian que no se acreditó la existencia de razones de urgencia para aprobar dichas licencias, «lo que constituye una excepcionalidad y un trato de favor, alterando el orden de resolución de los expedientes administrativos y favoreciendo unos determinados intereses que se encuentran precisamente cuestionados por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que decretó la nulidad del plan especial del área H-61-5 de Pikolín».

Respecto a las autorizaciones, señalan que las licencias otorgadas sin uso, al no concretar la actividad a la que se van a dedicar las naves o edificios proyectados, incurren en fraude de ley «al eliminarse el obligado control en la fase de intervención urbanística, lo que traslada la carga del control de la actividad al momento último de la apertura, excluyendo de responsabilidad sobre el resultado final a los promotores del centro comercial».

Sobre las licencias de restaurante y cines, afirman que dan luz verde a usos recreativos que no caben en dicha área, al haber sido declarado nulo de pleno derecho, y que no guardan relación alguna con el uso dominante del lugar, industrial.

Los recurrentes recuerdan que, al estar el Plan Especial anulado, también lo están los usos que ahora se introducen al conceder las licencias recurridas por inexistencia de planeamiento y fraude de ley en su concesión. En total, han sido nueve los colectivos que han suscrito el recurso.