El Ayuntamiento de Zaragoza recurrió la decisión de la Comisión Europea a través de la Abogacía del Estado. Inicialmente el Tribunal General de la Unión Europea rechazó el recurso que había presentado España y por el que se pedía la anulación de la decisión de la comisión. La sentencia obligaba al consistorio a devolver los 3,1 millones por acometer unos trabajos, según el juez, de forma irregular. Ahora, finalmente, ha fallado a favor del ayuntamiento.