El secretario general de la Diputación de Huesca, Antonio Serrano Pascual, y su homóloga en la Institución Provincial de Valladolid, Carmen Lucas Lucas, han coincidido hoy en las dificultades que presenta la nueva normativa local para su aplicación práctica.
En las Jornadas sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LSRAL) que se celebran en la Diputación de Sevilla, Serrano señaló que "la posición de los alcaldes y de los interventores, más que de los secretarios, va a ser muy complicada".
Según Serrano "porque el Ministerio está dictando pautas para aplicar la ley y los interventores van a tener que seguir esas pautas; va a haber dificultades en conectar con los alcaldes, con las corporaciones locales, para decirles lo que significa este cambio y va a generar tensiones y conflictos, conflicto fuerte entre el elemento técnico y el elemento político en las corporaciones locales".
Este ponente ha coincido con Rafael Jiménez Asensio, catedrático de la Pompeu-Fabra, sobre la base económica de esta norma al declarar que "es una reforma que en ella hay más sostenibilidad que racionalización, como se pone énfasis en los aspectos económicos se ha desaprovechado el momento histórico para haber afrontado la modernización de las entidades locales y eso queda un poco relegado".
Para Antonio Serrano "la ley no tiene nada que ver desde sus inicios hasta el final, se ha desdibujado en el trayecto durante su trámite parlamentario y al final ha habido mucho desajuste que se ha visto en el resultado final".
Por su parte, Carmen Lucas ha explicado que "se trata de una ley no tanto del régimen local sino que es una ley de sostenibilidad, basada en la sostenibilidad de los ayuntamientos y de todos los entes instrumentales y en esto es fundamental el papel del interventor".
En su opinión, "a los interventores se les ha dado, aunque es un poco fuerte decirlo, un brazo de la intervención del Estado, son como comisionados de la intervención del Estado, del Ministerio de Hacienda; con ello los interventores tienen una responsabilidad muy grande porque casi todas las actuaciones de las Corporaciones van con informe del interventor en el que tiene siempre que valorar la situación financiera".
El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, abrió hoy las Jornadas sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, "una norma -ha dicho- sobre la que podemos o no estar de acuerdo pero que debemos conocer a fondo para saber qué servicios podemos ofrecer a la ciudadanía".
En su opinión, se trata de "una reforma que llega con poco sentido común, que han vendido como la panacea del ahorro y se ha demostrado, con el anexo que incluye la Ley, que nuestros sueldos, los sueldos de los representantes municipales, están un 20 y un 30 por ciento por debajo de los que marca ahora la propia Ley" y ha planteado su preocupación sobre "la imagen que está percibiendo la ciudadanía de sus dirigentes políticos".
