El Vaticano ya dejó zanjado en el 2007 que los bienes de las parroquias del este de Huesca les pertenecen a ellas y solo a ellas. Y en Barbastro se emocionaron y se tomaron esta resolución tan al pie de la letra que edificaron un museo, valorado en 100 millones, con los espacios y huecos necesarios para exponer las 111 piezas reclamadas.
A la vista de lo que ha pasado, quizá fuera una decisión precipitada. El Museo de Lérida, regentado por un consorcio controlado por la Generalitat, no ha devuelto ni uno solo de esos bienes, aunque hace unos años dijo que había una treintena, los peor conservados, que no le interesaban.
La pronunciación del Vaticano también tardó en llegar. Le dio tiempo incluso al obispo de Lérida en el 2004, Francesc Xavier Ciuraneta, a presentarse ante un notario para dejar constancia de quién era el real propietario de los objetos sacros en litigio. «Esto es mío, esto es mío, esto es mío», le iba diciendo Ciuraneta al fedatario público mientras le mostraba las cosas del museo, según contó ayer en el juicio Alfonso Milián, obispo emérito de Barbastro-Monzón.
Pero ese no fue el único momento revelador de la vista oral, que duró más de ocho horas y concluye hoy. Pedro Escartín, que es secretario-canciller en el Obispado Barbastro-Monzón, se vio obligado a responder a los abogados de la parte demandada que para Aragón los 30 bienes que Lérida devuelve por las buenas no son suficientes. «Nosotros venimos pidiendo todos desde el principio», subrayó.
Antonio Naval Mas, que es sacerdote y experto en arte aragonés, reconoció el mérito del obispo leridano Messeguer (finales del XIX), que al recoger obras de arte descalabradas por los pueblos impidió que «se convirtieran en leña» o material de construcción.
«Aburrido de este tema»
Pero Naval fue más allá y dijo en alto algo que piensan muchos aragoneses y gran parte de los catalanes: que está «aburrido de este tema». Y por ese motivo, explicó ante el estupor de los letrados del obispado leridano y de la Generalitat, no ha estudiado la totalidad de las obras en litigio.
En el fondo, lo que la parte catalana mantiene es que los curas de las parroquias aragonesas (y de toda España) enajenaron bienes sacros para acometer reformas necesarias en sus iglesias, en un mundo rural abandonado a su suerte. Si algo está comprado, debidamente pagado, no hay por qué devolverlo.
Pero lo curioso es que no han aportado hasta el momento ni un documento (los contratos de compraventa existen desde el tiempo de los romanos) que sustente su teoría. Y así es como sus argumentos se convierten en argucias para alargar y alargar y alargar el pleito.
