El 10 de noviembre del 2003 la estructura del bloque 6-8 de la calle Justo Navarro --conocido como casa azul -- cedió sobre un enorme socavón abierto inesperadamente en sus entrañas. Un año después, aquellos vecinos que se vieron obligados a desalojar sus hogares en la oscuridad de la noche siguen sin saber qué provocó que los cimientos que sustentaban su hogar se vinieran abajo, pero lo que es peor, tampoco saben cómo ni cuándo volverán a levantarlos.
Las desgracias nunca llegan solas, y aquel socavón que hundió sus casas levantó a su vez rencillas pasadas y envidias ocultas que hasta entonces no habían ido más allá de las que existen en cualquier escalera. La codicia, los intereses personales y algunos enfrentamientos puntuales han llevado a la división interna de los vecinos, y lo que es más preocupante, al odio. Algo que se palpa en las asambleas vecinales pero también en las calles de Calatayud. La casa azul se ha convertido en un micro-estado donde se han puesto de manifiesto las virtudes, pero también los defectos del ser humano.
La mayoría de los más de 80 afectados --entre los vecinos de las 52 viviendas y los dueños de los locales y las plazas de garaje-- se agruparon en una figura reconocida como Comunidad de Bienes Justo Navarro 6-8. Para su dirección se eligió una junta gestora, encabezada por el presidente de la comunidad de vecinos, y se firmó una escritura de poder para que este último, con el apoyo de cualquier miembro de la junta, tuviera la potestad de realizar todas las gestiones pendientes.
El primer trámite del presidente fue contratar como abogada a una prima suya y a su compañero de gabinete, además de los arquitectos y técnicos correspondientes. Para llevar las cuentas se contrató a su vez a un economista vinculado a la letrada. Un encaje de bolillos que destapó ya la caja de los truenos.
UNA OFERTA IRRECHAZABLE Los abogados fueron contratados para realizar las gestiones necesarias --el derribo y la construcción del nuevo inmueble fundamentalmente-- por lo cual cobrarían el 9% del importe total de cada una de las actuaciones. De momento, los "gastos de gestión" alcanzan ya 75.000 euros, que se suman a los 820.000 euros gastados fundamentalmente en el derribo del inmueble.
Según el mismo contrato, si finalmente se lleva a cabo la construcción del nuevo bloque, que se ha previsto que tenga un coste de unos 7 millones de euros, el desembolso de los damnificados que iría a parar a sus gestores superaría los 600.000 euros (100 millones de pesetas).
La mayoría de los vecinos ha aprobado hasta el momento las gestiones emprendidas. De hecho, según explicó ayer un miembro de la junta a este diario, la asamblea del pasado viernes fue como "una boda real, con aplausos y todo". Y eso, según la misma fuente, a pesar de que los letrados informaron públicamente de que el Consorcio de Seguros ha rechazado indemnizar a los afectados al considerar que las causas del siniestro no entraban dentro de su cobertura.
En la misma reunión los vecinos aprobaron por mayoría emprender acciones judiciales contra el propio consorcio, mientras que una minoría que señalan como causas del siniestro "las averías en la red de aguas y la construcción de un inmueble contiguo" ya han iniciado los trámites para reclamar otras responsabilidades.
