Un grupo de propietarios de viviendas y locales de la casa azul , afectado en noviembre por una sima, han exigido que se convoque una junta extraordinaria con el propósito de que se esclarezcan las gestiones que se han realizado para contratar el derribo del edificio y los servicios administrativos y jurídicos, según informó a este diario un afectado.

En la opinión de estos vecinos, la comunidad de bienes "Justo Navarro 6-8. C.B", que pretendía concretarse el pasado sábado 3 de abril con la rúbrica de todos los propietarios, no llegó a constituirse ya que una parte de éstos -aproximadamente 15 familias de las más de medio centenar afectadas-- no firmaron por no estar de acuerdo con su contenido.

Una opinión que contrasta con la versión de los abogados contratados precisamente por la comunidad de bienes. Los letrados aseguraron ayer que ésta ha quedado constituida automáticamente con la ruina del edificio porque así lo establecen los estatutos del propio inmueble, que extraordinariamente ya preveían esta circunstancia. Además, según explicó uno de ellos, "la ley es imperativa y un edificio en sí desaparece al declararse en ruina económica y técnica inminente".

Asimismo el presidente de la comunidad, Juan José Langa, junto a los letrados, rechazaron las críticas vertidas por algunos vecinos en relación a los poderes que se le atribuían como presidente de la junta rectora. Estos coincidieron en que es una "aberración" tacharlo de "promotor del nuevo bloque de pisos", ya que todos y cada uno de los propietarios son promotores en la parte proporcional que les corresponde.

El malestar del que se hizo eco ayer este periódico se debe a una cláusula del borrador de la escritura de poder por la cual las decisiones sobre al derribo y construcción del nuevo bloque sólo necesitarían de la aprobación del presidente y un miembro más de la junta rectora --formada esta por seis vecinos--.

LAS GESTIONES CONTINUARON No obstante, las gestiones han continuado su curso y ya se ha contratado el derribo del inmueble, pese a la oposición de una parte de los afectados. Además, la junta rectora ha contratado ya los servicios de una asesoría jurídica para las gestión de las acciones que se deban tomar, con la firma de todos los miembros actuales de la junta --ya que uno cesó recientemente--.

Precisamente, según su versión, este miembro de la junta dimitió por no estar de acuerdo con un borrador que fue propuesto para contratar a esta misma asesoría, aunque finalmente no llegó a firmarse. Algo que para los colegiados implica que no tiene ningún valor documental. Según este borrador, del que ya dio cuenta ayer este diario, los dos abogados percibirían "el 10% del importe total de todas las cantidades que incidan en el costo definitivo de la promoción", como se cita explícitamente en el texto.