La movilización de los activistas antidesahucios, la aplicación de medidas gubernamentales como la obligación para la banca de provisionar el 70% del valor de los activos inmobiliarios y, también, la actuación de los jueces contra las cláusulas hipotecarias abusivas están logrando atenuar la consecuencia socialmente más tóxica del estallido de la burbuja del ladrillo: el desalojo de familias de sus viviendas.

La intensidad de los síntomas de esta lacra social vuelve a los niveles de inicio de la crisis, aunque eso no evita que una media de casi veinte familias perdiera su casa cada semana en el 2013.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) indican que los juzgados aragoneses practicaron el año pasado 982 lanzamientos o desalojos "con cumplimiento positivo", una cifra inferior en un 40% a los 1.637 del 2012, aunque al mismo tiempo lejana de los 877 del 2008 y los 863 del 2009.

TENDENCIA Los juzgados aragoneses, por otro lado, apenas consiguieron ejecutar la mitad de los desalojos cuya práctica fue ordenada: 892 sobre 1.787 --el 54,95%--, según los datos del CGPJ. Esa tendencia se da también a nivel estatal, ya que solo 39.206 de los 67.189 lanzamientos acordados --el 58,35%-- tuvo "cumplimiento positivo".

El número de demandas de desalojo recibidas en los juzgados de Primera Instancia de la comunidad también experimentó un notable descenso en relación con el año anterior: 1.372 por 1.856. Eso supone una reducción de más de la cuarta parte --un 26,1%-- frente al 2012, ejercicio en el que Aragón alcanzó una cifra récord en este capítulo. Con todo, el volumen de solicitudes de desalojo sigue siendo muy superior al de los primeros años de la crisis: 877 en el 2008 y 873 en el 2009.

Los datos del CGPJ referentes al 2013 confirman la consolidación de dos tendencias que comenzaron a manifestarse tres años antes: la banca reduce la presión sobre los hipotecados y la propiedad privada desbanca a las entidades financieras como solicitantes de desalojos.

Los bancos y cajas de ahorro presentaron el año pasado 1.641 demandas de ejecución hipotecaria después de tres años en los que la cifra se situó en el entorno de las 2.000, tras un pico de 2.478 en el 2009. No obstante, el volumen de estos pleitos sigue siendo notablemente superior al del 2008 --1.254-- y triplica los 545 del 2007.

Los juzgados acordaron 685 desalojos instados por entidades financieras y 1.020 solicitados por arrendadores.