Más de 150 personas se dieron cita ayer en el Ayuntamiento de Zaragoza para apoyar y ser testigos de la firma de un documento pionero en España, por el que el consistorio, sindicatos y colectivos sociales se comprometen a mantener el agua y su gestión como un servicio público frente a la privatización a la que se está viendo sometida. Actualmente, alrededor del 50% de los servicios de abastecimiento en España están en manos privadas.
Una iniciativa que surge al hilo de otras similares en latinoamérica y Europa, pero cuyo ejemplo no se había trasladado a España hasta ahora. Fue la Red Agua Pública de Aragón (RAPA), con el profesor emérito de Economía de la Universidad de Zaragoza Pedro Arrojo al frente, quien la impulsó, y ha conseguido el apoyo político de los grupos de izquierda --el PAR y el PP declinaron participar-- y sindicatos. Como explicó Arrojo, el documento no es un contrato legal, "pero sí una obligación política y moral suscrita públicamente, que nos da una solidez con la que seguir trabajando".
Representantes del equipo de Gobierno municipal --el vicealcalde Fernando Gimeno y el teniente de alcalde de Urbanismo Carlos Pérez-Anadón--, de IU y CHA, de los sindicatos y los colectivos asistieron a la presentación del acto, a cargo del periodista Fernando Rivarés, a la lectura de un poema de Emilio GAstón, al pequeño speech de Gimeno y al discurso de Pedro Arrojo, que sintetizó las líneas maestras del compromiso.
El Compromiso social y político por la gestión pública y participativa del agua en la ciudad de Zaragoza y su entorno, que es su nombre oficial --el ayuntamiento lo rebautizó como Abrazo del agua--, aboga por considerar los ríos y acuíferos como un patrimonio natural y público --siguiendo la línea marcada por la ONU en el 2010--, por lo que la gestión y tratamiento del agua debería ser un servicio de acceso universal y vinculado a los derechos humanos, no sometido a las leyes del mercado.
LEGISLACIÓN
El que sea un documento de principios no implica que no apueste por medidas concretas y oposiciones firmes. Por ejemplo, apuesta por la gestión municipal de estos servicios, frente a la reducción de competencias que propugnan --asegura el documento-- tanto la Ley de Bases de Régimen Local como el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración de la DGA. Sobre este, lo califican de "económica y financieramente inviable" por su tecnología. Creen que "está dando lugar a pagos abusivos e injustos como pagar por servicios que no se prestan".
El órgano de gestión contaría con participación de un Consejo Social, según el documento, con control ciudadano de la gestión. Y el sistema tarifariom además de "justo y equitativo", debería contemplar que los remanentes, si los hay, nutrieran un fondo de acción social.
